Fomag tiene un déficit de $2,7 billones y las sentencias contra la Nación suman $17 billones

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, denunció en el Senado faltantes presupuestales en salud para los maestros, subsidios eléctricos y programas para adultos mayores que, según afirmó, deberá cubrir el actual Gobierno.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtió sobre un déficit de $2,7 billones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y obligaciones por $17 billones en sentencias judiciales contra la Nación. Las cifras fueron presentadas durante una sesión de la plenaria del Senado liderada por la oposición, en la que el funcionario cuestionó el estado de las finanzas públicas que recibió la administración.

“Los huecos no son huequitos, son troneras”, afirmó Gómez al explicar que el Fomag necesita $2,7 billones adicionales para garantizar la prestación de los servicios de salud de los docentes del país. Según el ministro, el faltante fue identificado hace aproximadamente 20 días y representa una presión sobre el presupuesto de la actual administración.

La situación del fondo pone en el centro del debate la financiación de la atención médica de los maestros, mientras el Gobierno busca recursos para cubrir las obligaciones pendientes. El ministro atribuyó estos faltantes a la gestión presupuestal de la administración de Gustavo Petro, aunque las cifras y sus causas requieren contrastarse con la ejecución presupuestal y los compromisos de cada programa.

Adultos mayores y subsidios eléctricos también tienen faltantes

Gómez aseguró que el programa Colombia Mayor enfrenta obligaciones pendientes por cerca de $600.000 millones correspondientes a marzo, además de un déficit presupuestal cercano a los $2 billones para atender a los adultos mayores.

El ministro también señaló que el Gobierno trabaja para financiar $1,7 billones destinados a subsidios eléctricos que, según su intervención, no quedaron respaldados en el presupuesto recibido. Estos recursos se suman a las necesidades que la administración busca atender para mantener los programas sociales y cumplir sus compromisos.

Las cifras expuestas en el Senado reflejan presiones simultáneas sobre distintos rubros del gasto público. La disponibilidad de recursos para cubrir estos faltantes determinará la capacidad del Ejecutivo para atender a docentes, adultos mayores y beneficiarios de los subsidios de energía.

Gobierno advierte sobre $17 billones en sentencias contra la Nación

Otro de los puntos señalados por el ministro fue el monto de las sentencias judiciales pendientes de pago contra el Estado, que cifró en $17 billones. Gómez calificó de irresponsable a la administración anterior por dejar esas obligaciones sin pagar y aseguró que el Gobierno busca incluir recursos para reducirlas gradualmente.

“Cuando la Nación no paga oportunamente, tienen tasas de interés moratorias”, explicó el funcionario al referirse al costo adicional que pueden generar los retrasos. El pago tardío de estas obligaciones puede aumentar la presión fiscal, debido a los intereses que se acumulan mientras las condenas siguen pendientes.

Debate por el gasto social y el presupuesto del próximo año

Durante la sesión, Gómez cuestionó a los sectores de oposición que reclaman más recursos para programas sociales en el presupuesto del próximo año. Según el ministro, esas exigencias deben considerar los faltantes que, afirma, encontró el actual Gobierno en diferentes partidas.

“Es irresponsable que ustedes nos exijan a nosotros más gasto social, cuando nos dejan el Fomag desfinanciado”, sostuvo. También aseguró que el presupuesto heredado no contemplaba las mesadas pensionales de noviembre y diciembre, una situación que, según dijo, obliga a buscar financiación adicional.

El funcionario defendió, al mismo tiempo, el aumento de los recursos destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuyo presupuesto pasaría de poco más de $6 billones a cerca de $8 billones.

La discusión ahora se concentra en cómo financiar las obligaciones pendientes sin comprometer la continuidad de los programas sociales. La ejecución presupuestal y las decisiones que adopte el Gobierno permitirán establecer cuánto de los faltantes denunciados se cubrirá, qué compromisos deberán priorizarse y cuál será el efecto sobre las cuentas públicas.

Sala Digital Colmundo