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Óscar Robayo, presidente de un sindicato del INPEC con 4.200 afiliados, pidió acciones coordinadas del Gobierno, las alcaldías y la Fuerza Pública para proteger a los trabajadores penitenciarios.
La violencia contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mantiene en alerta a los trabajadores penitenciarios en Colombia. Óscar Robayo, presidente de uno de los sindicatos más representativos de la institución, denunció que 78 funcionarios han sido asesinados, se han registrado 120 atentados y cerca de 500 trabajadores están amenazados, según las cifras que presentó durante una entrevista radial.
En entrevista con ASB-Colmundo, Robayo afirmó que los ataques no son hechos aislados, sino parte de una violencia sistemática contra el personal penitenciario. El dirigente sindical, cuya organización cuenta con 4.200 afiliados y 103 subdirectivas, reclamó una respuesta articulada de los gobiernos nacional y territoriales para evitar nuevos asesinatos.
“Se ha convertido en una ruleta rusa trabajar en el INPEC”, advirtió Robayo al referirse al riesgo que enfrentan los guardianes dentro y fuera de las cárceles. Según explicó, los funcionarios pueden convertirse en objetivos de grupos criminales como represalia por los operativos, los traslados de internos y otras actuaciones penitenciarias.
El dirigente pidió reforzar la seguridad en los alrededores de los establecimientos carcelarios y establecer acompañamientos durante los relevos del personal, especialmente en los horarios de entrada y salida. Estas medidas, sostuvo, podrían reducir la exposición de los trabajadores a ataques cuando se encuentran más vulnerables.
El riesgo continúa fuera de las cárceles
Robayo señaló que el INPEC tiene competencias limitadas para proteger a sus funcionarios fuera de los establecimientos penitenciarios. Por esa razón, reclamó mayor participación de las alcaldías, las gobernaciones, la Policía, las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa.
“Fuera de los establecimientos carcelarios somos ciudadanos normales”, afirmó el representante sindical al explicar que la protección de los guardianes en las calles requiere la intervención de otras autoridades.
El llamado se produce en medio de nuevos hechos violentos contra trabajadores penitenciarios, incluido el asesinato de un dragoneante en Cúcuta mencionado durante la entrevista. Robayo aseguró que el 90 % de los casos que conoce el sindicato permanece en la impunidad, una situación que, a su juicio, dificulta la identificación y judicialización de los responsables.
El dirigente también mencionó hechos registrados en Bogotá, Ibagué, Barranquilla y otras ciudades del país. Según relató, en algunos casos los funcionarios reciben amenazas o son perseguidos por sicarios, que aprovechan los momentos en los que tienen menor protección para atacarlos.
Reclaman resultados, más allá de las promesas
El presidente sindical sostuvo que la seguridad de los guardianes debe ser una obligación de cualquier gobierno, independientemente de su orientación política. Por eso, pidió que los anuncios institucionales se traduzcan en medidas concretas y resultados verificables.
“Eso es demagogia”, expresó Robayo al cuestionar las promesas de protección que, según dijo, no han resuelto el problema durante los distintos gobiernos. También advirtió que la expansión de las bandas criminales mantiene la presión sobre quienes trabajan en el sistema penitenciario.
Frente a las estrategias de seguridad y los procesos de paz, Robayo evitó respaldar una fórmula como solución definitiva. Afirmó que las distintas políticas han tenido resultados y dificultades, mientras los funcionarios deben continuar con sus responsabilidades de custodia y resocialización de las personas privadas de la libertad.
El dirigente defendió, además, el trabajo de la mayoría del personal penitenciario y rechazó que los problemas de corrupción de algunos funcionarios se conviertan en una generalización contra toda la institución.
Un llamado a coordinar la protección
Robayo insistió en que la respuesta debe involucrar a todas las autoridades con responsabilidades en seguridad y justicia. Para el sindicato, las medidas no pueden limitarse a reforzar la vigilancia dentro de las cárceles: también deben contemplar los desplazamientos, los relevos y la protección de los trabajadores en sus ciudades de residencia.
Mientras no se fortalezcan las acciones contra las estructuras criminales y los mecanismos de prevención, advirtió el dirigente, los guardianes seguirán expuestos a represalias relacionadas con su trabajo.
La exigencia del sindicato es que la protección de los funcionarios penitenciarios pase de los anuncios a acciones coordinadas, con prevención de atentados, investigaciones que permitan reducir la impunidad y garantías para quienes cumplen labores de custodia y resocialización en Colombia.
