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La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó ante el Congreso un diagnóstico que advierte caída en la matrícula, déficit de recursos y brechas entre las zonas rurales y urbanas.
El Gobierno nacional presentó este martes ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un diagnóstico de diez fracturas estructurales del sistema educativo colombiano, entre ellas la exclusión de más de 1,5 millones de niños y jóvenes, la reducción de la matrícula y las dificultades financieras para garantizar la prestación de los servicios educativos. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, expuso las cifras durante un debate de control político sobre el proceso de empalme.
Uno de los datos más preocupantes es que 1.587.248 niños y jóvenes entre los 5 y los 16 años estaban por fuera del sistema educativo en 2025, equivalentes al 16,2 % de esa población. El panorama también muestra una reducción de 421.142 estudiantes matriculados a mayo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, una caída del 4,5 %.
La ministra advirtió que las dificultades no se limitan al acceso a las aulas. El diagnóstico también incluye problemas en la financiación de la salud del magisterio, obras escolares sin terminar, recursos insuficientes para educación superior y rezagos en la medición de los aprendizajes.
Las diez fracturas del sistema educativo
El primer frente corresponde a las condiciones del magisterio. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), encargado de atender la salud de 837.275 docentes, pensionados y sus familias, registra necesidades proyectadas por $8,44 billones frente a $3,94 billones disponibles, lo que deja un déficit estimado de $4,50 billones. A julio de 2026, además, se habían registrado 97.105 tutelas y trámites constitucionales relacionados con este ámbito.
El segundo problema está relacionado con las metas educativas pendientes. Según el balance presentado por la ministra, 17 de los 23 indicadores del sector quedaron por debajo de lo proyectado por la administración anterior. En alfabetización se alcanzó a 193.134 personas de una meta de 795.868, mientras que la cobertura en educación media llegó al 49,95 %, frente al objetivo del 65 %.
La tercera fractura es la caída de la matrícula, que perdió 421.142 estudiantes frente a 2025. El informe señala que no existía un diagnóstico previo de las causas de esa reducción, lo que dificulta establecer qué factores están llevando a niños y jóvenes a abandonar o no ingresar a las instituciones educativas.
El cuarto frente está en la infraestructura escolar. De los 19.500 ambientes educativos prometidos, 11.341 se habían entregado a julio de 2026. El diagnóstico también advierte que el CONPES 4181 dejó vigencias futuras por $13,1 billones sin respaldo fiscal asegurado ni contratación, una situación que pone en cuestión la ejecución de los compromisos.
En educación superior, la quinta fractura se concentra en la falta de recursos para sostener programas y proyectos. La política de gratuidad requiere $245.797 millones adicionales para cerrar 2026, de los cuales el nuevo Gobierno aseguró $185.000 millones. Para 2027, el ICETEX necesita $1,99 billones, pero tiene asignados $467.621 millones. A esto se suman cerca de 9.000 solicitudes de convalidación represadas y 114 proyectos de infraestructura universitaria demorados, con $890.000 millones en riesgo.
La sexta alerta se concentra en los territorios: 20 entidades presentan un riesgo muy alto en acceso, permanencia, desempeño y atención al contexto educativo. Esta situación refleja las dificultades de las autoridades locales para garantizar que los estudiantes ingresen a las aulas, continúen sus estudios y alcancen los aprendizajes esperados.
La séptima fractura está relacionada con la evaluación académica. El último dato consolidado de las pruebas Saber en primaria y secundaria corresponde a 2023. En las zonas rurales, el 49,51 % de los colegios oficiales permanece en la categoría D de Saber 11, la de menor desempeño.
El octavo problema es el retroceso de la cobertura neta escolar, que pasó del 86,8 % en 2022 al 83,6 % en 2025, una reducción de 3,2 puntos porcentuales. La novena fractura profundiza esa desigualdad: la cobertura bruta alcanza el 98,5 % en zonas urbanas, frente al 77,7 % en las rurales, una brecha de 20,8 puntos porcentuales.
La décima alerta reúne el impacto de la exclusión escolar: los más de 1,5 millones de menores que permanecían fuera del sistema en 2025. Esta cifra plantea un desafío para las políticas de búsqueda activa, acceso y permanencia, especialmente en territorios donde las barreras económicas, geográficas y sociales dificultan la continuidad educativa.
Gobierno anuncia medidas para atender la crisis
Ante el diagnóstico, Hoyos Castañeda sostuvo que reconocer las fallas no significa concentrarse en las decisiones del pasado, sino identificar los problemas que amenazan el derecho a la educación y tomar medidas para corregirlos. La funcionaria defendió la necesidad de actuar para proteger tanto a los estudiantes como a los docentes.
Entre las respuestas anunciadas está un proyecto de transparencia educativa para reforzar la vigilancia de la contratación y el uso de los recursos públicos. El Gobierno también prevé establecer mesas técnicas con el Congreso y hacer seguimiento a las obras de infraestructura que permanecen inconclusas.
La ministra presentó además el proyecto LEA, sigla de Leer, Escribir y Amar, como parte de la estrategia Patria Milagro. La iniciativa busca impulsar la formación integral de los estudiantes y contribuir a mejorar los procesos educativos.
La ejecución de estas medidas será determinante para establecer si el diagnóstico se traduce en soluciones concretas. La recuperación de la matrícula, la reducción de las brechas rurales y la financiación de los programas educativos serán algunos de los principales retos para garantizar que más niños y jóvenes accedan a las aulas y permanezcan en ellas.
Sala Digital Colmundo
