Homicidios en el Nordeste antioqueño aumentan 34 % y Segovia registra un alza del 120 % en 2026
9 octubre, 2026
Daño en tubería matriz inundó la carrera Séptima en Bogotá y provocó el colapso de una estación de servicio
9 octubre, 2026
La Corte abrió una indagación preliminar por presunto prevaricato contra integrantes de la Comisión de Acusación, tras la solicitud de trasladar el expediente relacionado con las masacres de El Aro y La Granja.
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para establecer si incurrieron en presunto prevaricato por acción al solicitar que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle pasara de la Fiscalía a esa instancia del Congreso.
La actuación judicial busca determinar si la petición de los congresistas se ajustó a la ley o si pudo constituir una decisión contraria al ordenamiento jurídico. La Fiscalía rechazó el traslado y sostuvo que conserva la competencia para adelantar la investigación sobre los hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa.
La indagación no implica que los representantes investigados sean responsables de un delito. En esta etapa, la Corte busca verificar los hechos denunciados y establecer si existen elementos que justifiquen avanzar en el proceso.
La denuncia que originó la investigación
La denuncia por presunto prevaricato por acción fue presentada el pasado 3 de septiembre por el abogado Omar Alberto Franco Becerra, luego de que integrantes de la Comisión de Acusación solicitaran a la Fiscalía trasladar el expediente relacionado con Uribe.
El asunto quedó a cargo del magistrado César Augusto Reyes, quien dispuso abrir la indagación previa para esclarecer las circunstancias en las que se formuló la petición y determinar si hubo alguna actuación ilegal.
El expediente está relacionado con la masacre de La Granja, ocurrida en 1996; la masacre de El Aro, en 1997, y el asesinato de Jesús María Valle, en 1998. Valle fue un defensor de derechos humanos que denunció la violencia paramilitar en Antioquia.
El proceso busca establecer la presunta responsabilidad de Uribe por una posible omisión durante su periodo como gobernador de Antioquia. El expresidente ha rechazado los señalamientos y ha defendido su actuación frente a las acusaciones relacionadas con estos hechos.
Uribe compareció ante la Fiscalía en septiembre
El pasado 4 de septiembre, Álvaro Uribe acudió a la Fiscalía para rendir indagatoria dentro de este proceso. Antes de ingresar a la diligencia, defendió su trayectoria pública y rechazó las acusaciones que lo relacionan con presuntas violaciones de derechos humanos.
El exmandatario manifestó que comparecía con tristeza, pero por respeto a la Constitución, a su familia, a sus compatriotas y a la justicia. También negó haber sido asesino y rechazó los señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico y el paramilitarismo.
La diligencia no cerró las actuaciones previstas dentro del expediente. Según la información disponible, estaban pendientes de confirmación las fechas de otras dos sesiones de indagatoria.
Las declaraciones del expresidente corresponden a su defensa frente a las acusaciones y no reemplazan las decisiones que deben adoptar las autoridades judiciales sobre los hechos investigados.
El papel de la Comisión de Acusación
La controversia también pone bajo escrutinio las funciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de recibir, investigar y tramitar denuncias contra altos funcionarios que cuentan con fuero constitucional, entre ellos el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general.
Tras la instalación del nuevo Congreso, la comisión quedó integrada por 17 representantes. El Pacto Histórico obtuvo cinco curules; el Centro Democrático y el Partido Liberal, tres cada uno; el Partido Conservador, dos; y La U, Cambio Radical y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una curul cada uno.
Entre sus integrantes están Gabriel Becerra, del Pacto Histórico; Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador. La distribución de los puestos se definió mediante el sistema de cifra repartidora, con base en los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo.
La Corte deberá establecer si la solicitud de trasladar el expediente de Uribe fue una actuación legal o si pudo configurar prevaricato por acción. El resultado de esa verificación determinará si existen motivos para adoptar nuevas decisiones contra los congresistas involucrados, mientras continúa la controversia sobre la competencia para investigar los hechos ocurridos en Antioquia.
