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Vercontrol presentó la solicitud por un presunto tráfico de influencias y pidió revisar las actuaciones de la exsenadora durante las sesiones de 2024.
La veeduría ciudadana Vercontrol pidió al Consejo de Estado estudiar una posible pérdida de investidura de María José Pizarro por un presunto tráfico de influencias relacionado con el trámite de la reforma pensional en 2024. La solicitud fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la organización, ante el alto tribunal administrativo.
Calderón España también promovió la demanda que llevó al Consejo de Estado a decretar, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name. Ahora, Vercontrol solicita que se determine si las actuaciones de Pizarro durante el trámite de la reforma pueden tener relación con una causal de pérdida de investidura.
La petición toma como referencia elementos incluidos en la decisión contra Name, especialmente las actuaciones registradas durante 16 sesiones del Senado realizadas entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. En ese periodo, Pizarro ejerció la primera vicepresidencia de la corporación y asumió la conducción de varias plenarias ante las ausencias de Name.
El nombre de Pizarro aparece 85 veces en las 129 páginas del fallo contra Iván Name. Las menciones están relacionadas principalmente con las sesiones que presidió mientras ocupaba la primera vicepresidencia del Senado.
La sentencia estableció que Name se ausentó de 14 de las 16 sesiones analizadas durante el trámite de la reforma pensional. A partir de esos elementos, Vercontrol pidió revisar documentos, registros de las plenarias y testimonios que permitan establecer si existen razones jurídicas para iniciar un proceso contra Pizarro.
Uno de los elementos que la veeduría solicita analizar es la declaración del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, incorporada al fallo contra Name. Según la sentencia, López afirmó que una de las formas de colaboración de Name habría consistido en dejar la presidencia del Senado en manos de María José Pizarro para facilitar el manejo de las plenarias durante el trámite de la reforma.
Esa declaración hace parte de los argumentos utilizados por Vercontrol para pedir el estudio de la actuación de Pizarro. Sin embargo, la afirmación corresponde al testimonio atribuido a López y no a una conclusión del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de la exsenadora.
La veeduría también pidió revisar los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de documentos y registros de las sesiones plenarias. Con ese material busca que el tribunal determine si existe mérito para abrir una investigación por una eventual causal de pérdida de investidura.
Pizarro, por su parte, ha sostenido en sus redes sociales que las actuaciones que realizó durante ese periodo correspondían a las funciones que tenía como integrante de la Mesa Directiva del Senado. El hecho de que su nombre aparezca en el fallo contra Name no significa que haya sido declarada responsable por las conductas atribuidas al exsenador.
La precisión es relevante porque el Consejo de Estado no ha decretado la pérdida de investidura de María José Pizarro ni ha establecido que la exsenadora haya incurrido en la causal señalada por Vercontrol. Por ahora, existe una solicitud para que el alto tribunal estudie los hechos y determine si hay fundamento para iniciar un proceso.
La petición surge después de la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 25 de septiembre, cuando decretó en primera instancia la pérdida de investidura de Iván Name por su actuación como presidente del Senado durante el trámite de la reforma pensional.
Esa decisión todavía puede cambiar, porque Name tiene derecho a que el fallo sea revisado en segunda instancia. En los procesos de pérdida de investidura de congresistas, la Sala Plena del Consejo de Estado debe resolver el recurso de apelación y definir si confirma o modifica la decisión adoptada en primera instancia.
El futuro de la solicitud presentada contra Pizarro dependerá ahora de la revisión que haga el alto tribunal sobre los hechos y las pruebas aportadas por la veeduría. La siguiente decisión judicial será la que determine si estos elementos tienen mérito suficiente para abrir un proceso de pérdida de investidura.
