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5 octubre, 2026
La secretaria de Gobierno, Yenny Lucía Rivas, explicó en ASB-Colmundo el avance de la reconstrucción tras el sismo y las medidas frente a los ataques.
Chocó enfrenta una nueva escalada de violencia mientras todavía avanza la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. En solo tres días, 13 drones realizaron 33 lanzamientos de artefactos explosivos en municipios del sur del departamento, una situación que, según la secretaria de Gobierno, Yenny Lucía Rivas Herrera, también pone en riesgo a la población civil.
En entrevista con ASB-Colmundo, la funcionaria explicó que la Gobernación trabaja de manera simultánea en la recuperación de las viviendas afectadas por el sismo y en la respuesta a los ataques registrados en la subregión del San Juan. Condoto, Nóvita y Río Iró han sido escenario de los recientes hechos.
Sobre la reconstrucción, Rivas señaló que actualmente se adelantan demoliciones, recolección de escombros y definición de las viviendas que serán intervenidas. La Gobernación destinó inicialmente $1.000 millones para un piloto de mejoramiento de las casas averiadas, mientras el Ejército participa con un pelotón de construcción.
La secretaria reconoció que el proceso todavía genera incertidumbre entre las familias afectadas. En varios sectores, especialmente en Quibdó, aún se evalúan viviendas y se revisan los reportes para establecer cuáles serán intervenidas y bajo qué condiciones.
El objetivo, dijo Rivas, no es únicamente recuperar lo que había antes del terremoto. La apuesta de la administración departamental es “reconstruir mejor”, teniendo en cuenta las condiciones de pobreza extrema que enfrentan algunas comunidades y las dificultades que ya existían antes de la emergencia.
A esta situación se sumaron los ataques con drones en el sur del departamento. La funcionaria detalló que los 33 artefactos fueron lanzados en tres días en Condoto, Nóvita y Río Iró, mientras que este último municipio acumula 13 ataques con drones y 48 granadas en lo corrido del año.
Para Rivas, los ataques contra estaciones de Policía y bases militares también representan una amenaza directa para los habitantes, debido a que estas instalaciones están ubicadas en centros poblados. En Nóvita, una granada lanzada desde un dron alcanzó el interior de una vivienda, aunque no dejó personas heridas porque en ese momento no había nadie en la habitación.
Uno de los ataques dejó un policía herido en Condoto, quien fue evacuado hacia Istmina. Después de los hechos, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad con los alcaldes de los municipios afectados y definieron acciones para fortalecer la respuesta en la zona.
Entre las medidas anunciadas está el uso de recursos del Fondo de Seguridad para fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía y adquirir sistemas de contramedidas contra drones, de acuerdo con las posibilidades de la administración departamental.
Rivas también explicó que los grupos armados están utilizando una tecnología que cambia rápidamente, lo que obliga a la Fuerza Pública a actualizar sus capacidades. Para la funcionaria, se requiere mayor dotación tecnológica para detectar y responder a los ataques antes de que los artefactos lleguen a zonas habitadas.
En ese sentido, mencionó los detectores y sistemas antidrones como herramientas que pueden advertir en cuestión de segundos o minutos sobre la presencia de un aparato en dirección a determinada zona. La alerta permitiría que la población busque protección y las autoridades reaccionen con mayor rapidez.
La secretaria también advirtió sobre señales de presencia del ELN en el Pacífico norte del departamento, particularmente en Juradó. Según relató, habitantes encontraron banderas del grupo armado en algunos sectores y símbolos pintados en viviendas, una situación que generó preocupación entre la comunidad.
Rivas relacionó los recientes ataques con la disputa territorial que mantienen grupos armados en el departamento y con operaciones adelantadas por la Fuerza Pública, incluidas acciones contra la minería ilegal. Sin embargo, señaló que las autoridades deben mantener activas las alertas para establecer el alcance de esta expansión.
La funcionaria describió el escenario como una sucesión de emergencias que dificulta la recuperación del departamento. Al sismo se suman los ataques armados, el confinamiento de comunidades y el temor de desplazarse por el territorio, mientras persisten otras emergencias como inundaciones e incendios.
La situación también afecta la movilidad y el turismo. Aunque municipios costeros como Nuquí y otros destinos suelen recibir visitantes durante los periodos de receso, Rivas explicó que el temor a los ataques y las afectaciones en las vías han reducido la tranquilidad para desplazarse dentro del departamento.
La Gobernación deberá avanzar ahora en dos frentes simultáneos: recuperar las viviendas afectadas por el terremoto y reforzar la capacidad de respuesta frente a los ataques con drones. Para las comunidades, la rapidez con la que se concreten esas acciones será determinante para recuperar la seguridad y avanzar en la reconstrucción.
