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2 octubre, 2026El expresidente planteó tres asuntos para revisar: narcotráfico, sentencias de la JEP y derechos políticos.
Al cumplirse 10 años del plebiscito de 2016, el expresidente Álvaro Uribe Vélez planteó cambios frente a lo que considera problemas derivados del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. En una publicación en X, señaló tres asuntos: narcotráfico, JEP y derechos políticos.
El plebiscito se realizó el 2 de octubre de 2016 para consultar a los colombianos sobre el acuerdo negociado entre el Gobierno Santos y las Farc. El No obtuvo 6.431.376 votos frente a 6.377.482 del Sí, una diferencia de 53.894 sufragios.
Tras el resultado, el Gobierno adelantó ajustes al acuerdo y posteriormente firmó una nueva versión con las Farc el 24 de noviembre de 2016. El Congreso la refrendó los días 29 y 30 de noviembre de ese año. La Corte Constitucional ha señalado que el resultado negativo del plebiscito impedía implementar el acuerdo sometido originalmente a votación, pero no eliminaba la facultad presidencial de adelantar un proceso de paz.
Uribe cuestiona el aumento del narcotráfico
El primer punto planteado por Uribe está relacionado con el narcotráfico. El exmandatario afirmó que la producción de cocaína pasó de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024, cifras que presentó para sustentar su llamado a combatir este fenómeno.
“Acabar con el narcotráfico”, escribió Uribe, quien también relacionó este fenómeno con “toda la violencia generada” durante décadas. La afirmación forma parte de su balance sobre los problemas que, según su interpretación, permanecen después del plebiscito.
Propone cambios para las decisiones de la JEP
El segundo asunto corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Uribe sostuvo que se deben “eliminar injusticias contra los soldados de la Patria” y señaló que el Centro Democrático impulsa una iniciativa relacionada con las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública.
Según el expresidente, el proyecto plantea que las sentencias de la JEP contra militares tengan revisión automática en la Justicia Penal Militar. También mencionó una propuesta para limitar a cinco años las penas privativas de la libertad por esos hechos y establecer una alternativa restaurativa.
La discusión sobre la JEP ocurre mientras la jurisdicción avanza en sus procesos contra responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. El tema también ha generado posiciones enfrentadas sobre el alcance de sus sanciones y el tratamiento judicial de integrantes de la Fuerza Pública.
También plantea revisar los derechos políticos
El tercer punto expuesto por Uribe se refiere a los derechos políticos. El expresidente cuestionó que integrantes de las antiguas Farc hayan recibido garantías para participar en política y planteó revisar la situación de colombianos condenados que buscan recuperar esos derechos.
“Es necesario examinar que, mientras a los miembros de FARC se les concedieron todos los derechos políticos, el de elegibilidad, por ejemplo”, escribió. Luego sostuvo que “muchos colombianos condenados, justa o injustamente, necesitan recuperar sus derechos políticos”.
La participación política de los antiguos integrantes de las Farc fue uno de los componentes incluidos en el Acuerdo Final y se convirtió en uno de los asuntos que generaron mayor debate durante la implementación. La posición de Uribe apunta ahora a revisar ese tratamiento frente a otros ciudadanos condenados.
Al cerrar su mensaje, el expresidente volvió sobre el resultado de la consulta de 2016 y sostuvo que Colombia debe abordar lo que considera consecuencias de haber desconocido ese resultado. “Es hora de buscar soluciones a los inmensos problemas heredados por el desconocimiento del resultado del plebiscito”, escribió.
A una década de aquella votación, sus declaraciones vuelven a poner en el centro del debate el alcance del Acuerdo de Paz, el funcionamiento de la JEP y las condiciones de participación política. Los tres asuntos planteados por Uribe podrían seguir formando parte de las discusiones políticas y legislativas sobre la implementación del acuerdo y sus efectos.




