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El expresidente había planteado que la jurisdicción terminara en 2028, pero ahora defiende cinco años adicionales para concluir su actividad.
El expresidente Juan Manuel Santos aclaró su posición sobre la JEP y pidió garantizar los recursos para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda desarrollar su actividad hasta 2033. El pronunciamiento se conoció este jueves 1 de octubre, después de que el exmandatario había planteado que la entidad debía concluir sus funciones en 2028.
Santos explicó que el Estado debe cumplir lo establecido en el Acuerdo de Paz y garantizar las condiciones para que las instituciones creadas dentro de ese marco puedan desarrollar su mandato. “El Estado está obligado a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz”, sostuvo.
En un video publicado para precisar su posición, el expresidente señaló que la JEP debe contar con los recursos necesarios hasta 2033, periodo que corresponde a los cinco años posteriores al plazo inicial de diez años para determinadas funciones de la jurisdicción.
“Es fundamental garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto, hasta el año 2033”, afirmó Santos. Según explicó, ese tiempo permitiría avanzar en la garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto.
¿Qué establece la norma sobre la JEP?
El Acto Legislativo 01 de 2017 estableció un plazo de 10 años para la conclusión de las funciones relacionadas con la presentación de acusaciones por parte de la Unidad de Investigación y Acusación. Después contempla un periodo adicional de cinco años para concluir la actividad jurisdiccional.
La Ley 1957 de 2019 también estableció esos cinco años adicionales para terminar la actividad jurisdiccional y señaló que, si fuera necesario, ese plazo puede ser prorrogado una única vez mediante una ley estatutaria, a solicitud de los magistrados de la JEP.
Por eso, la precisión de Santos se ubica en un punto concreto del debate: defiende que la JEP llegue hasta 2033, pero no plantea extender su funcionamiento hasta un eventual periodo adicional de cinco años.
La discusión ocurre mientras existen posiciones políticas enfrentadas sobre el futuro de la jurisdicción. El propio Santos había cuestionado previamente la velocidad de los procesos y había pedido que la JEP cumpliera su cometido dentro del plazo de 2028.
Con su nueva declaración, el expresidente separó dos asuntos: la necesidad de acelerar los procesos y la obligación de garantizar los recursos para cumplir el mandato previsto hasta 2033. La discusión sobre el presupuesto y la vigencia de la JEP continuará vinculada a las decisiones que adopten las instituciones encargadas de su financiación y al debate político sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Sala Digital Colmundo
