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El organismo de control revisará los contratos de la Cancillería tras la urgencia manifiesta declarada para mantener el servicio de pasaportes en Colombia y el exterior.
La Contraloría General anunció actuaciones de seguimiento y control fiscal a la contratación de emergencia para garantizar la expedición de pasaportes, luego de que la Cancillería declarara la urgencia manifiesta para asegurar la continuidad del servicio. La revisión abarcará los procesos adelantados para la producción, expedición y entrega de los documentos en Colombia y en el exterior.
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que el organismo vigilará el uso de los recursos públicos destinados a atender la contingencia. El análisis incluirá las condiciones bajo las cuales se contrataron los bienes y servicios necesarios para mantener la operación.
Entre los aspectos que serán revisados están la necesidad de los bienes y servicios, las cuantías, los plazos y la idoneidad del contratista. La Contraloría también verificará que los nuevos contratos tengan autonomía frente a instrumentos que hayan sido suspendidos judicialmente.
La entidad de control pidió a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, antecedentes técnicos y financieros y soportes presupuestales relacionados con la contratación. También deberán reposar certificaciones de inventario y otros documentos que permitan establecer el avance de los procesos.
La declaratoria de urgencia manifiesta tampoco elimina la responsabilidad frente a posibles irregularidades. La Contraloría recordó que los funcionarios y contratistas deberán responder por sus actuaciones durante la ejecución de los recursos destinados a mantener el servicio.
El control fiscal llega en un momento en que la continuidad de la expedición de pasaportes tiene efectos directos para ciudadanos que necesitan el documento para viajes, trámites migratorios y otros procedimientos internacionales. Cualquier interrupción del servicio puede afectar tanto a usuarios en el país como a colombianos que realizan sus trámites desde el exterior.
El contralor sostuvo además que la emergencia debe tener un carácter temporal. Por eso, pidió a la Cancillería avanzar hacia una licitación pública con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento, de manera que el servicio no quede sujeto de forma indefinida a mecanismos excepcionales de contratación.
La vigilancia fiscal continuará sobre los procesos que se deriven de la urgencia manifiesta. La atención estará puesta en que los recursos públicos sean utilizados para resolver la contingencia sin convertir la contratación de emergencia en una solución permanente.
