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1 octubre, 2026
Alejandro Castañeda respaldó el traslado presupuestal para cubrir cuatro meses de facturas, pero pidió inversiones de hasta $10 billones.
El Gobierno Nacional radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401 de 2026, que propone trasladar $1,2 billones del Presupuesto General de la Nación para atender las obligaciones de Air-e con las empresas generadoras. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, respaldó la iniciativa y señaló que los recursos permitirían financiar la compra de energía durante los próximos cuatro meses.
La propuesta llega después de que el Gobierno anunciara una inyección de $1,5 billones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De ese monto, cerca de $300.000 millones ya fueron desembolsados para atender parte de las obligaciones de Air-e.
Según Castañeda, esos recursos permitieron cubrir aproximadamente el 81 % de la factura de compra de energía de Air-e correspondiente al mercado. El nuevo proyecto busca completar el dinero mediante un traslado presupuestal entre sectores.
“Más o menos para unos cuatro meses”, explicó Castañeda al referirse al alcance de los $1,2 billones. El dirigente gremial señaló que el mecanismo permitiría mantener los pagos mensuales y evitar que las deudas con las empresas generadoras vuelvan a crecer durante ese periodo.
El alivio financiero, sin embargo, no resuelve el problema que enfrenta el servicio eléctrico en el Caribe. Para el presidente de Andeg, la región necesita una solución estructural que tenga en cuenta las condiciones económicas de sus usuarios y las necesidades acumuladas de infraestructura.
Castañeda planteó la posibilidad de establecer un esquema diferencial para la prestación del servicio de energía, teniendo en cuenta los niveles de pobreza y la capacidad de pago de los hogares de la región.
“Hay que buscar una solución desde el punto de vista estructural”, sostuvo el dirigente gremial. Su propuesta parte de una dificultad central: recuperar el rezago en infraestructura requerirá recursos que, según sus cálculos, pueden llegar a varios billones de pesos.
La estimación de Andeg apunta a que se necesitarían entre $8 y $10 billones durante los próximos cuatro o cinco años para recuperar parte de la infraestructura eléctrica de la región Caribe y responder a las necesidades del sistema.
El debate está en cómo financiar ese esfuerzo. Castañeda cuestionó que el costo de las inversiones recaiga directamente sobre las tarifas de los usuarios, debido a que un aumento significativo en las facturas podría ser difícil de asumir para muchos hogares.
Por eso, Andeg plantea que el Gobierno estudie mecanismos alternativos de financiación que permitan ejecutar las obras sin trasladar todo el costo a los usuarios. La propuesta también contempla garantizar la participación de un operador con capacidad para mejorar la calidad del servicio.
El alcance de la discusión comprende los siete departamentos de la región Caribe, donde persisten reclamos relacionados con las tarifas, la calidad del servicio y las condiciones de la infraestructura eléctrica.
La coyuntura ocurre seis años después de la salida de Electricaribe y de la entrada en operación de los actuales operadores. Desde entonces, las dificultades financieras y las necesidades de inversión siguen marcando el debate sobre el servicio eléctrico del Caribe.
El proyecto de $1,2 billones busca atender la urgencia financiera de Air-e durante los próximos meses. El siguiente desafío será definir cómo se financiarán las inversiones de hasta $10 billones que, según Andeg, requiere la región para avanzar hacia una solución de largo plazo.
