Racionamiento de gas expone la dependencia de Colombia de una sola planta de importación
28 septiembre, 2026
La medida del Departamento de Estado también alcanza a familiares de la senadora y del empresario colombiano, según el anuncio de Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, en una medida anunciada este lunes 28 de septiembre de 2026 que también alcanza a algunos de sus familiares. La decisión hace parte de una política regional de Washington contra personas a las que señala de corrupción, vínculos con el narcotráfico o acciones para socavar gobiernos elegidos democráticamente.
En el caso colombiano, el comunicado estadounidense identifica a Peralta como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Sobre Torres, lo describe como un empresario privado propietario de un conglomerado con actividades principalmente en energía, señalización vial e iluminación pública.
La decisión no se limita a Colombia. Estados Unidos incluyó en el mismo anuncio a ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú, entre ellos magistrados, fiscales, funcionarios policiales, empresarios y otros servidores públicos. Washington presentó las restricciones como parte de sus compromisos de cooperación regional en materia de gobernanza democrática, corrupción y narcotráfico.
El Departamento de Estado sostuvo que los funcionarios extranjeros señalados de corrupción ya no podrán entrar libremente a Estados Unidos. La administración de Donald Trump agregó que la política busca restringir visas de ciudadanos extranjeros que, según sus señalamientos, afecten a gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico.
La medida también se relaciona con la iniciativa Escudo de las Américas, presentada por la administración Trump como un mecanismo de cooperación entre países del continente. Según el comunicado citado por medios colombianos, las acciones anunciadas corresponden a compromisos asumidos en ese marco y reafirmados por los líderes de la alianza el 22 de septiembre.
En el caso de Peralta, la revocatoria ocurre mientras la senadora enfrenta un proceso judicial en Colombia relacionado con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La inclusión en la medida estadounidense no constituye por sí misma una decisión judicial colombiana ni una declaración de culpabilidad, sino una determinación migratoria adoptada por el Gobierno de Estados Unidos.
Torres, por su parte, ha sido mencionado públicamente en investigaciones y controversias relacionadas con la financiación de campañas políticas. El Departamento de Estado, en su comunicación, lo identifica por su actividad empresarial, sin detallar en el anuncio los hechos concretos que sustentan individualmente la decisión sobre su visa.
La actuación de Washington se produce en un momento de mayor coordinación de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos en asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y gobernabilidad. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aparecen dentro del grupo de países alcanzados por las nuevas restricciones.
Para Colombia, la decisión abre además un nuevo frente en la relación bilateral, al involucrar a una senadora en ejercicio y a un empresario con presencia en sectores de contratación e infraestructura. La revocatoria de las visas marca una medida diplomática y migratoria de Washington cuyos efectos podrían extenderse al debate político y judicial en Colombia, especialmente si el Gobierno estadounidense anuncia nuevas restricciones bajo esta misma política.
