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La Defensoría del Pueblo reportó las muertes de dos jóvenes y un ataque con drones que dejó dos civiles heridos en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
La violencia contra la población civil en Tibú dejó esta semana dos adolescentes muertos y dos civiles heridos en distintos hechos ocurridos en la zona rural del municipio, en Norte de Santander. Los casos incluyen la activación de una mina antipersonal, el asesinato de un joven y un ataque con drones cargados con explosivos.
El primer caso ocurrió el martes 15 de septiembre, en la vereda La Unión Vetas, donde un adolescente de 16 años murió cuando se activó una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas. El hecho expuso nuevamente el riesgo que enfrentan las comunidades que trabajan y se movilizan por áreas rurales contaminadas con artefactos explosivos.
Ese mismo día, otro adolescente, de 17 años, se desplazaba hacia el sector de Filoquemado, en la vía hacia Versalles, para prestar un servicio de barbería. Según la Defensoría, fue secuestrado presuntamente por el ELN y posteriormente asesinado. El joven era hijo de un líder social de la región y hacía parte, junto con su padre, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).
A estos hechos se sumó un ataque con drones equipados con explosivos en el sector de Miramontes, también en la zona rural de Tibú. La acción dejó dos civiles heridos y volvió a poner bajo atención una modalidad que, según la Defensoría, ha sido identificada en diferentes zonas del país.
El Sistema de Alertas Tempranas de la entidad ha advertido sobre el uso de drones por parte de grupos armados ilegales para vigilancia, intimidación, control territorial y lanzamiento de artefactos explosivos. La Defensoría señaló que esta modalidad incrementa los riesgos cuando ocurre cerca de centros poblados o bienes civiles.
Las cifras nacionales muestran la dimensión del problema. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones cargados con artefactos explosivos, que dejaron 21 personas muertas y 145 heridas, según datos citados por la Defensoría con base en el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS). El 32 % de las personas afectadas correspondió a población civil y Norte de Santander concentró 30 de esos eventos.
La situación se suma a un escenario de riesgo que ya había sido advertido para Tibú. La Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 identificó posibles afectaciones para la población civil en el área rural del municipio, mientras que UNMAS ha advertido sobre el aumento del uso de artefactos explosivos y drones con cargas explosivas en Colombia.
Frente a las muertes, la Defensoría expresó su solidaridad con las familias y señaló que mantiene acompañamiento mediante las rutas institucionales de atención y protección. También recordó que el derecho internacional humanitario exige proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades y establece una protección especial para niñas, niños y adolescentes.
La entidad pidió a los grupos armados respetar la vida, integridad, libertad y movilidad de la población civil, además de abstenerse de utilizar minas antipersonal y realizar ataques indiscriminados. A las autoridades nacionales, departamentales y municipales les solicitó fortalecer la prevención y protección en las zonas de riesgo.
La Defensoría también pidió a la Fiscalía y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer las muertes y el ataque con drones. El reto inmediato para Tibú será reforzar la protección de las comunidades rurales frente a minas, artefactos explosivos y nuevas modalidades de ataque, mientras se determina la responsabilidad por los hechos ocurridos esta semana.
