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2 septiembre, 2026
La JEP atribuye homicidios, desapariciones y persecución a nueve militares, dos policías y un exfuncionario de Ecopetrol.
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas por hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000. La decisión marca la primera imputación del Caso 08 en el Subcaso Magdalena Medio, que investiga alianzas entre agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los procesados fueron máximos responsables de una alianza criminal con estructuras paramilitares, cuyo propósito era expulsar de Barrancabermeja a integrantes de la guerrilla y a personas señaladas como sus colaboradoras o simpatizantes.
La investigación estableció que, durante el periodo analizado, al menos 431 personas fueron asesinadas y 85 fueron desaparecidas forzadamente en Barrancabermeja. Los hechos ocurrieron entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000.
Nueve militares, dos policías y un civil
Entre los imputados figuran nueve antiguos integrantes del Ejército Nacional, entre ellos los generales retirados Fernando Millán Pérez, Alberto Bayardo Bravo Silva y Héctor Eduardo Peña Porras, además de los oficiales José Domingo García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Oscar Diego Sánchez Vélez, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar y Jesús Herrera García.
La JEP también imputó a dos antiguos integrantes de la Policía Nacional: el teniente coronel retirado Juan Carlos Celis Hernández y el subteniente retirado Nilson Durán.
El tercer civil compareciente es José Eduardo González Sánchez, quien trabajó en el área de seguridad de la Refinería de Barrancabermeja de Ecopetrol.
Homicidios, desapariciones y persecución
La Sala atribuyó a los 12 comparecientes el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio y desaparición forzada.
A tres de los procesados también les imputó el crimen de persecución contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones que fueron objeto de acciones dentro de la dinámica de violencia investigada.
La JEP documentó además que la presencia de grupos paramilitares en la región se remontaba a la década de 1970 y concluyó que el paramilitarismo regional se fortaleció mediante tolerancia, cooperación o participación de agentes del Estado.
Una investigación que pone el foco en las alianzas
El eje de la decisión no se limita a los asesinatos y desapariciones. La investigación busca establecer cómo la cooperación entre integrantes de la fuerza pública, paramilitares y terceros civiles permitió consolidar una estrategia de control territorial y persecución en Barrancabermeja.
La magnitud de las cifras refleja el impacto que esa violencia tuvo sobre una ciudad marcada por la actividad petrolera, la organización sindical y la presencia de distintos actores armados durante el conflicto.
Los imputados tienen 15 días para responder
Ahora, las 12 personas señaladas por la JEP tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los crímenes que les fueron imputados.
Si aceptan su responsabilidad, podrán acceder a sanciones propias de carácter restaurativo, que no implican prisión. Si rechazan la imputación, el proceso podría avanzar hacia un juicio en el que enfrentarían penas de hasta 20 años de cárcel, según las reglas aplicables al caso.
La decisión abre una nueva etapa para esclarecer la violencia sufrida en Barrancabermeja y podría llevar a que las responsabilidades individuales y las alianzas que hicieron posible la expansión del paramilitarismo en el Magdalena Medio sean sometidas a verdad, reconocimiento y sanción.
