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La Fiscalía sostiene que puede investigar a Álvaro Uribe por hechos de 1996 y 1997, mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de competencias.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que mantiene la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.
La respuesta fue enviada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que había solicitado el expediente al considerar que el fuero presidencial de Uribe podría darle competencia para adelantar la investigación.
En un oficio de seis páginas, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, explicó que los hechos que originaron el proceso corresponden a los años 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, y no a su etapa como presidente de la República.
“Para el caso concreto, no resulta factible jurídicamente que la Comisión de Investigación y Acusación asuma la competencia”, señaló la fiscal, al sostener que los hechos investigados no ocurrieron durante el mandato presidencial del exmandatario.
Fiscalía controvierte la tesis sobre el concierto para delinquir
La Comisión de Investigación y Acusación había planteado un conflicto positivo de competencia al considerar que el presunto delito de concierto para delinquir agravado podría tener carácter permanente y haberse extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia.
La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que esa hipótesis no coincide con los hechos jurídicamente relevantes que hacen parte del expediente. Para la fiscal del caso, la investigación está delimitada por los acontecimientos ocurridos en 1996 y 1997.
El documento también precisa que el grupo que presuntamente se conformó en la hacienda Guacharacas no tenía una denominación específica al momento de su conformación, según la hipótesis investigativa expuesta por la Fiscalía.
“La hipótesis planteada por la Comisión de Investigación y Acusación, en relación con que la ejecución del delito de concierto para delinquir como de conducta permanente se prolongó en el tiempo hasta el año 2003, no se corresponde con los hechos jurídicamente relevantes objeto de investigación”, sostuvo Abadía Cubillos.
Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la competencia
El conflicto deberá ser resuelto por la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si el expediente permanece en la jurisdicción ordinaria o pasa a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Mientras esa decisión llega, la Fiscalía dejó claro que los términos procesales continuarán corriendo y la investigación seguirá en curso.
“Por consiguiente, al no atribuirse los hechos referidos al doctor Álvaro Uribe Vélez en condición de presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación”, indicó la fiscal.
La entidad señaló que el proceso seguirá bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, régimen procesal aplicable al caso.
La controversia adquiere relevancia porque la decisión de la Corte Constitucional no solo definirá qué autoridad puede continuar con el expediente, sino que establecerá el camino procesal para una investigación que involucra hechos ocurridos hace casi tres décadas y que relacionan a Uribe con episodios de violencia ocurridos durante su administración como gobernador de Antioquia.
Mientras la Corte resuelve el conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la Comisión de Acusación, la Fiscalía continuará adelantando la actuación procesal. La determinación constitucional será clave para establecer quién tendrá finalmente el control del proceso y bajo qué fuero deberá avanzar.
Humberto ‘Toto’ Torres
