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25 agosto, 2026
La Fiscalía judicializó a tres uniformados señalados de entregar datos sobre operativos y movimientos de tropas en Antioquia, Córdoba y sur de Bolívar.
La Fiscalía General de la Nación judicializó este 25 de agosto de 2026 a tres militares señalados de filtrar información reservada al Clan del Golfo a cambio de dinero. Los uniformados habrían entregado datos sobre operativos, desplazamientos y ubicación de tropas del Ejército en varias zonas del país.
Los procesados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes en su momento estuvieron adscritos a unidades militares en Caucasia, Antioquia, y el sur de Bolívar.
Según los elementos recopilados por la Fiscalía, los tres habrían integrado una red delictiva que operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y que tenía como propósito obtener información privilegiada sobre las acciones de la Fuerza Pública contra esa estructura armada.
Un millón de pesos por alertar sobre movimientos militares
Uno de los casos que analiza la Fiscalía corresponde a Bravo Olaya. Los investigadores sostienen que el entonces subteniente habría recibido un millón de pesos el 2 de enero de 2022 para alertar sobre los desplazamientos de los uniformados bajo su mando.
El dinero habría sido transferido por un militar retirado, quien presuntamente actuó como intermediario. La información entregada estaría relacionada con movimientos de tropas en inmediaciones de Ayapel, Córdoba.
La Fiscalía también señala a Sicacha López de aceptar una promesa remuneratoria a cambio de compartir detalles sobre operaciones militares en las que participaba.
Información sobre tropas y operaciones, bajo investigación
El tercer uniformado involucrado es Henao Luna. Según la investigación, habría recibido dinero por entregar información privilegiada sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba.
El caso estaría relacionado con una llamada que recibió el 14 de abril de 2022 por parte de un suboficial retirado. A partir de ese contacto, las autoridades investigaron la posible entrega de datos reservados a integrantes de la estructura criminal.
Los tres militares habrían tenido acceso a información sensible debido a sus funciones. Esa posición, según la Fiscalía, les habría permitido conocer despliegues, operaciones y movimientos de unidades del Ejército.
La red habría operado durante tres años
La investigación ubica el funcionamiento de esta estructura entre enero de 2022 y febrero de 2025. En el expediente también aparece Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos.
La mujer habría cumplido un papel de intermediación dentro de la red que obtenía información militar y posteriormente la suministraba a integrantes del Clan del Golfo.
El caso busca establecer el alcance de la información que habría sido entregada y el impacto que pudo tener sobre las operaciones de seguridad desplegadas contra esa organización armada.
Capturas en tres departamentos
Las capturas de los tres militares estuvieron a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional.
Bravo Olaya fue detenido en Cali, Valle del Cauca; Sicacha López fue capturado en el corregimiento de Buenavista, en Distracción, La Guajira, y Henao Luna fue ubicado en Yopal, Casanare.
Posteriormente, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con la posible participación individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Uno de los militares aceptó los cargos
Durante el proceso judicial, Sicacha López aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Como consecuencia, deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
Los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.
El expediente ahora deberá avanzar para establecer la responsabilidad individual de los tres uniformados y determinar con precisión qué información habría llegado a manos del Clan del Golfo.
El caso también pone bajo la lupa los mecanismos de seguridad y control sobre la información reservada dentro de las unidades militares. La Fiscalía deberá establecer el alcance de la presunta filtración y si los datos entregados pudieron afectar operaciones contra estructuras armadas en distintas regiones del país.
Sala Digital Colmundo
