Inpec traslada a más de 400 presos y refuerza operativos en cárceles de Barranquilla

Los movimientos buscan reducir la congestión carcelaria, controlar a internos de alta peligrosidad y reforzar la seguridad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) elevó a 403 el número de personas privadas de la libertad trasladadas desde el 7 de agosto, como parte de los operativos ordenados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en diferentes cárceles del país.

La medida busca reforzar el control dentro de los establecimientos y evitar alteraciones del orden y conductas que puedan comprometer la seguridad. Las autoridades también pretenden responder a denuncias sobre la comisión de delitos desde centros de reclusión.

Este lunes, los operativos llegaron a las cárceles de Barranquilla, donde funcionarios del Inpec trasladaron a internos considerados de alto perfil hacia otros establecimientos penitenciarios. La intervención hace parte de una estrategia nacional que incluye cambios de reclusión para personas consideradas de alta peligrosidad.

Uno de los objetivos es avanzar en la descongestión de la infraestructura carcelaria, además de reducir riesgos para los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y para otros internos. El Inpec mantiene bajo reserva el listado completo de los más de 400 trasladados por razones de seguridad.

Traslados incluyen a cabecillas y condenados

Entre los internos trasladados aparece Sergio Andrés Pastor, alias 19, integrante de la denominada Primera Línea y condenado por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

El listado también incluye a personas señaladas como integrantes o cabecillas de organizaciones criminales vinculadas con homicidios y otros delitos. Los movimientos buscan dificultar la coordinación de actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.

La estrategia contempla además cambios de centro para internos cuyo nivel de riesgo o exposición pública requiere medidas especiales. En ese grupo aparecen casos que han generado atención nacional.

Epa Colombia fue trasladada a La Picaleña

Uno de los movimientos más conocidos fue el de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, quien pasó de la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

La empresaria e influenciadora cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019.

El cambio de establecimiento se produjo en medio de reportes sobre incumplimientos de las normas de reclusión, uso de celulares y conflictos dentro del centro donde permanecía detenida. Según los informes citados, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se registraron comportamientos que generaron llamados de atención.

Reportes de celulares y un vehículo de lujo

Uno de los principales problemas señalados por las autoridades está relacionado con el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro del centro de reclusión. De acuerdo con los reportes, durante diferentes operativos fueron encontrados al menos cinco dispositivos en poder de Barrera.

Otro episodio ocurrió el 17 de noviembre de 2025, cuando los funcionarios iniciaron una búsqueda luego de no encontrarla dentro de las instalaciones. Finalmente, fue ubicada en el interior de un Mini Cooper morado que había ingresado sin autorización y estaba estacionado en una zona no permitida.

Según el informe, Barrera manifestó ser “la dueña del vehículo” y aseguró que este sería un regalo para su pareja. El caso abrió cuestionamientos internos sobre los controles de ingreso y vigilancia en el establecimiento.

También trasladaron a Margaret Chacón

Los operativos incluyeron a Margaret Chacón, quien fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Chacón cumple una condena de 35 años de prisión por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Barú, cerca de Cartagena.

Su traslado también se produjo en medio de los ajustes de reclusión que adelanta el Inpec para redistribuir internos, fortalecer la seguridad y controlar a personas consideradas de alto riesgo.

Los movimientos continuarán bajo reserva mientras el Inpec evalúa nuevos cambios de establecimiento. La estrategia apunta a reducir la congestión, reforzar la disciplina interna y limitar la capacidad de las estructuras criminales para operar desde las cárceles, un reto que seguirá bajo vigilancia en Barranquilla y otras ciudades del país.

Humberto ‘Toto’ Torres