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El general Erik Rodríguez lideró una reunión con Policía, Defensa y Ecopetrol para combatir el hurto de crudo y combustibles refinados.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, lideró una reunión con autoridades de seguridad y representantes de Ecopetrol para fortalecer la ofensiva contra el robo de combustible, un delito que, según el Gobierno, estaría generando pérdidas superiores a $500.000 millones al año para la Nación y la petrolera.
El encuentro se produjo luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara reforzar las operaciones contra las estructuras criminales dedicadas al hurto de crudo y productos refinados. La estrategia tendrá como prioridad las zonas donde las autoridades han identificado redes dedicadas a extraer, transportar y comercializar ilegalmente hidrocarburos.
Rodríguez se reunió con la viceministra de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla; el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera; representantes de Ecopetrol y los jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares. El objetivo es coordinar inteligencia, control territorial y operaciones contra las organizaciones que se lucran del robo de hidrocarburos.
“Las Fuerzas Militares y la Policía actuarán de manera monolítica y con determinación para proteger los recursos estratégicos de la Nación”, afirmó el general Rodríguez, al señalar que las operaciones también buscarán afectar las finanzas de las estructuras criminales.
El robo supera el millón de barriles al año
La ofensiva responde a las cifras entregadas por el Gobierno. De acuerdo con el presidente De La Espriella, cada mes serían hurtados cerca de 123.700 barriles de gasolina, diésel y nafta producidos o importados por Ecopetrol.
El mandatario señaló que buena parte del hurto se concentra en Cesar y Magdalena, mediante intervenciones ilegales al poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.
Si el volumen de extracción ilegal se mantiene, el robo podría superar los 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas calculadas en más de $500.000 millones para Ecopetrol y la Nación.
La respuesta oficial contempla operaciones sostenidas y acciones judiciales para golpear toda la cadena. Las autoridades también prevén extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes utilizados en el negocio ilegal.
Combustible robado alimentaría otros delitos
El Gobierno mantiene bajo vigilancia otros corredores estratégicos donde se ha detectado apoderamiento ilegal de hidrocarburos, entre ellos el Oleoducto Trasandino y el Caño Limón-Coveñas, en la región del Catatumbo.
Las investigaciones apuntan a que parte del combustible sustraído termina en actividades relacionadas con las economías ilícitas. Según las autoridades, el hidrocarburo robado estaría siendo utilizado en el procesamiento de cocaína, lo que convierte el delito en una fuente de financiación para otras estructuras criminales.
Los grupos ilegales utilizarían caravanas de hasta 600 vehículos para transportar y escoltar el combustible, incluso hacia zonas del Catatumbo. La dimensión de estas operaciones ha llevado a las autoridades a enfocar la estrategia no solo en los puntos de extracción, sino también en las redes logísticas y financieras.
Antioquia, otro frente de la ofensiva
La magnitud del problema también quedó expuesta en Antioquia, donde en las últimas horas fue desarticulada una estructura señalada de robar combustible del poliducto Sebastopol-Medellín.
La operación dejó 10 personas capturadas y, según las autoridades, permitió establecer que la actividad ilegal habría causado pérdidas superiores a $8.000 millones a Ecopetrol.
Las investigaciones indican que el combustible era destinado a la minería ilegal y al procesamiento de cocaína. Además, cerca del 20 % de las ganancias obtenidas con la actividad ilícita habría terminado en manos de una subestructura del Clan del Golfo.
Con estos resultados, las Fuerzas Militares y la Policía buscan ampliar la ofensiva contra las redes que convierten el robo de hidrocarburos en una fuente de financiación criminal. El desafío será cortar la cadena completa: extracción, transporte, comercialización y uso del combustible, mientras las autoridades avanzan en nuevas operaciones en los principales corredores petroleros del país.
Humberto ‘Toto’ Torres
