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El Gobierno destinó $100.000 millones para atender a damnificados y flexibilizó el acceso a vivienda.
Las nuevas reglas de arriendo y subsidios de vivienda para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 quedaron establecidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1261 de 2026. Las medidas incluyen un tope temporal al valor de los alquileres, subsidios sin las restricciones habituales y recursos por $100.000 millones para la reconstrucción.
Las disposiciones hacen parte del paquete anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4, que afectó viviendas y edificaciones en diferentes zonas del occidente del país. Las medidas aplican dentro del esquema especial de atención a los damnificados.
Arriendos tendrán un límite temporal
Una de las principales novedades está relacionada con el valor que podrán cobrar los propietarios por las viviendas destinadas a familias afectadas. El Gobierno estableció que, durante la emergencia, el canon de arrendamiento no podrá superar el 1 % del valor de la vivienda.
La medida busca evitar incrementos desproporcionados en los alquileres ante la necesidad de encontrar alojamiento para quienes quedaron temporalmente sin vivienda. El límite forma parte de los mecanismos adoptados para controlar el mercado de arrendamiento durante la reconstrucción.
Damnificados podrán recibir nuevamente el subsidio
El decreto también modifica una de las restricciones tradicionales para acceder al subsidio de vivienda. Las familias afectadas podrán recibir el Subsidio Familiar de Vivienda aunque ya lo hayan recibido anteriormente.
El Gobierno suspendió temporalmente los requisitos de ahorro previo y los procesos ordinarios de postulación voluntaria. Con esto busca reducir los trámites y acelerar la llegada de los recursos a los hogares que perdieron o no pueden habitar sus viviendas.
El auxilio puede alcanzar hasta $52.527.150 para hogares con ingresos de hasta $3.501.810. Para familias con ingresos de hasta $7.003.620, el beneficio podrá llegar a $35.018.100.
Tres etapas para reconstruir las zonas afectadas
El plan diseñado por el Gobierno contempla tres momentos: atención temporal de los damnificados, recuperación de viviendas habitables y construcción de nuevas soluciones para quienes perdieron completamente sus hogares.
La estrategia también permite habilitar de manera inmediata planes de reasentamiento y alojamientos transitorios. La intención es que las familias puedan contar con una alternativa habitacional mientras avanzan las obras de reparación o reconstrucción.
$100.000 millones para viviendas y reconstrucción
Para financiar estas acciones, el Gobierno destinó $100.000 millones a través del Fondo Milagro. Los recursos estarán orientados al mejoramiento de viviendas afectadas, construcción de nuevos hogares y proyectos de renovación urbana.
El esquema busca diferenciar entre los daños. Una familia cuya vivienda pueda recuperarse tendrá una ruta distinta a la de un hogar que perdió completamente su inmueble y necesita una nueva solución habitacional.
Estratos 1, 2 y 3 tendrán prioridad
Las medidas también establecen atención prioritaria para hogares damnificados de estratos 1, 2 y 3 y viviendas de interés social (VIS) frente a las aseguradoras.
El decreto contempla, además, mecanismos para acelerar los procesos de reasentamiento y alojamiento temporal. La emergencia también abre la posibilidad de flexibilizar licencias urbanísticas y disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) cuando sean necesarias para avanzar en la reconstrucción.
¿Qué cambia para las familias damnificadas?
En la práctica, las nuevas disposiciones buscan que una familia que perdió su vivienda no tenga que esperar los tiempos habituales para acceder a una solución. Podrá recibir apoyo para el arriendo, acceder nuevamente a un subsidio y encontrar alternativas de reasentamiento bajo las reglas especiales de emergencia.
El reto estará ahora en convertir estas medidas en soluciones efectivas en los territorios afectados. La ejecución de los $100.000 millones, la disponibilidad de viviendas para arrendar y la rapidez de los procesos de reconstrucción determinarán cuánto tardarán las familias damnificadas en recuperar una vivienda segura y estable.
Sala Digital Colmundo
