La representante Katherine Miranda “lamentó profundamente” que el Tribunal Superior de Bogotá diera luz verde al uso de gases lacrimógenos en manifestaciones por parte de la policía.

“Es innegable que estos agentes químicos afectan la salud humana por los efectos que tiene frente a la población, y lo que se buscaba es blindar el derecho a la protesta, en la práctica nos damos cuenta que estos elementos son letales y ponen en riesgo el derecho a la protesta” manifestó Miranda

En diálogo con el Portal Informativo Colmundo, la congresista aseguró que es “grave” observar cómo en Colombia, antiguamente, los policías, que son quienes tienen la línea directa y la interlocución con el ciudadano, tenían preparación, pero actualmente esa preparación “solo dura 4 meses y no es el tiempo suficiente para enfrentar un disturbio”.

La representante puntualizó que “muchas veces no es culpa del patrullero o agente del ESMAD” sino, de la misma institución que no forma a la policía para estos casos; explicó que las armas de fuego están prohibidas en las protestas sociales y sin embargo ellos las portan y las usan. 

Indicó que no solamente se debe reformar la relación entre la policía y los ciudadanos, sino también dentro de la policía, “no es posible que muchos quieran estudiar una carrera, salir adelante, pero hoy en día un patrullero no lo puede hacer, no le dan permiso, el nivel ejecutivo entre oficiales es absolutamente discriminatorio” 

Miranda, enfatizó en que la reforma que se haga debe ser integral, no solo prohibir las taser, los gases lacrimógenos, sino también garantizar una buena educación, que los patrulleros tengan la posibilidad de ascender, “un oficial asciende cada 5 años, un patrullero debe pasar 8 o 9 años para ingresar a un curso de ascenso, no tienen motivaciones claras para ascender ni para ser un buen policía, y a partir de allí se podrá mejorar la relación con el ciudadano”

Agregó que el país no necesita un “presidente que se disfrace de policía” en un momento en el que se rompió el contrato social, que “implica que el estado tiene el control de las armas para defender a la ciudadanía y hoy las usan para atacar al pueblo”.