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Comunidades de Ortega llegaron a Popayán para pedir más tropas ante ataques con drones, quema de viviendas y presunto reclutamiento de menores.
Más de 600 familias del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca, permanecen en medio de una creciente crisis de seguridad que atribuyen a la estructura Jaime Martínez. Líderes de la comunidad llegaron hasta Popayán para pedir una intervención militar ante los ataques con drones, explosivos y disparos que, según denuncian, mantienen bajo presión a la población rural.
Los voceros se trasladaron hasta el Cantón Militar General José Hilario López, sede de la Tercera División del Ejército, para solicitar un mayor despliegue de tropas en la zona. Aseguran que los enfrentamientos y la presencia del grupo armado han provocado temor, daños en viviendas y desplazamientos de familias campesinas.
“Están atacando con drones, tatucos y toda clase de explosivos. Le han disparado a la gente civil con niños presentes, han quemado casas y se han tomado completamente el corregimiento”, denunció uno de los líderes que llegó a la capital caucana.
Según los testimonios entregados por habitantes, los ataques incluyen el lanzamiento de artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas, morteros artesanales y ráfagas de fusil. La comunidad asegura que varias viviendas fueron quemadas y que algunos campesinos tuvieron que abandonar sus hogares.
La violencia también dejó víctimas. El martes 11 de agosto, un habitante resultó gravemente herido tras la explosión de una bomba lanzada desde un dron. El hombre recibió atención de enfermeros de combate y fue evacuado en helicóptero hacia un centro asistencial de alta complejidad en Popayán.
A las denuncias por los ataques se suman señalamientos sobre retenciones y presuntas torturas contra civiles. Los habitantes aseguran que personas ajenas al conflicto han quedado expuestas a las acciones del grupo armado en medio de la disputa por el control territorial.
La situación genera mayor temor entre las familias por la denuncia de dos jóvenes retenidos en la vereda La Palma, cuyo paradero se desconoce. Los líderes comunitarios señalan que el caso estaría relacionado con reclutamiento forzado y reclaman acciones para proteger a los menores de edad.
La Brigada 29 del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, mantiene operaciones en el área para contener a los integrantes de la estructura Jaime Martínez. Las autoridades buscan proteger a la población y recuperar la movilidad en los corredores afectados.
Los dirigentes de Ortega consideran que el despliegue actual no es suficiente. Piden más apoyo aéreo y terrestre, debido a la llegada constante de integrantes del grupo armado por corredores viales y montañosos, según sus denuncias.
El Ejército calificó los hechos como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La institución señaló que la estructura Jaime Martínez estaría utilizando escuelas, instalaciones educativas y viviendas habitadas como posiciones para atacar a las tropas, exponiendo a niños, docentes y familias.
La situación mantiene a las comunidades rurales de Cajibío bajo presión y amenaza con generar nuevos desplazamientos. La respuesta militar y la protección de la población civil serán determinantes en los próximos días, mientras las familias de Ortega esperan recuperar la seguridad y conocer el paradero de los jóvenes denunciados como retenidos.
