Contraloría halla detrimento por $824.960 millones en la ANI por el Viaducto Chirajara sin operar

La Contraloría concluyó que el Viaducto Chirajara permanece terminado pero fuera de servicio desde hace casi dos años y medio, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial.

La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tras establecer que el Viaducto Chirajara continúa sin entrar en operación, pese a que su construcción finalizó hace cerca de dos años y medio. La decisión fue anunciada este 5 de agosto, luego de una auditoría de cumplimiento sobre el contrato de concesión 4G Chirajara–Fundadores y otros contratos asociados al corredor Bogotá–Villavicencio.

Según el organismo de control, la ANI no adelantó de manera oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para ejecutar las obras pendientes en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), infraestructura cuya intervención quedó bajo su responsabilidad tras un laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2023.

La auditoría estableció que el Viaducto Chirajara fue terminado el 4 de febrero de 2024, pero todavía no ha sido recibido formalmente por la ANI ni puesto en funcionamiento. Como consecuencia, un tramo de 6,5 kilómetros de la doble calzada Bogotá–Villavicencio permanece fuera de servicio, afectando la continuidad y eficiencia del transporte entre el centro del país y los Llanos Orientales.

La Contraloría recordó que el problema se originó por los daños no reparados en el Túnel 13 y el colapso del Puente 1, ocurrido el 15 de junio de 2019 cerca del kilómetro 58 de la vía. Aunque el nuevo viaducto quedó construido, las obras complementarias siguen pendientes, lo que impide integrar toda la infraestructura al corredor vial.

El laudo arbitral de noviembre de 2023 determinó que la ANI asumió el riesgo de inestabilidad de la ladera en ese sector y la condenó a ejecutar las intervenciones necesarias para rehabilitar el túnel y el puente, con el fin de habilitar el Viaducto Chirajara y el tramo de doble calzada asociado.

Para el ente de control, han transcurrido más de 32 meses desde el laudo arbitral y más de 29 meses desde la culminación del viaducto, sin que la entidad haya logrado solucionar los obstáculos que mantienen la infraestructura sin prestar el servicio para el cual fue financiada con recursos públicos.

La Contraloría advirtió que esta situación no solo mantiene inmovilizada una obra estratégica para la conexión entre Bogotá y Villavicencio, sino que también expone la infraestructura al riesgo de deterioro progresivo, mientras avanza el proceso de responsabilidad fiscal derivado del hallazgo.

Sala Digital Colmundo