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El alto tribunal frenó el nombramiento de Salvatore Mancuso al considerar que la resolución del Gobierno Petro no definió con claridad sus funciones y podría afectar los derechos de las víctimas.
El Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, una decisión que llega a cuatro días del fin del gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal concluyó, de manera preliminar, que la designación se hizo mediante un acto administrativo con vacíos sobre sus funciones y alcances.
La medida recae sobre la Resolución Ejecutiva 244 de 2023, con la que el Gobierno incorporó al exjefe paramilitar a la estrategia de Paz Total. Para los magistrados, el acto fue impreciso y careció de una delimitación clara de las responsabilidades que asumiría Mancuso dentro del proceso.
En el auto, la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que la falta de precisión en el nombramiento podría comprometer los derechos de las víctimas. Por esa razón, decidió suspender provisionalmente los efectos de la resolución mientras estudia de fondo dos demandas de nulidad presentadas contra el acto administrativo.
La designación de Mancuso respondió a la tesis del presidente Gustavo Petro, quien ha sostenido que el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia no concluyó plenamente. Bajo ese argumento, el Gobierno promovió la creación de mesas técnicas con exintegrantes de las AUC para apoyar la política de Paz Total.
El Ejecutivo también fundamentó la decisión en la voluntad expresada por Mancuso en 2022 de aportar verdad sobre el conflicto armado y contribuir a los esfuerzos de reconciliación. La resolución, además del nombramiento, contemplaba la solicitud de suspensión de medidas judiciales vigentes y la firma de un acta de compromiso.
El magistrado ponente, Germán Osorio Cifuentes, señaló en un auto de 15 páginas que la resolución presenta irregularidades que justifican la suspensión provisional mientras se resuelve el proceso. El tribunal consideró que el documento no estableció con suficiente claridad el alcance jurídico y operativo del cargo.
La decisión representa un revés para la política de Paz Total en la recta final del gobierno Petro y deja en manos del Consejo de Estado la definición sobre la legalidad del nombramiento, un caso que seguirá teniendo impacto en el debate sobre la participación de exjefes armados en los procesos de paz y los derechos de las víctimas.
Sala Digital Colmundo
