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La Contraloría General de la República activó una Función de Advertencia tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado, luego de evidenciar un aumento significativo en la contratación pública y presiones sobre las finanzas del Gobierno Nacional.
El organismo de control presentó un informe con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, en el que advierte sobre la aceleración de compromisos presupuestales en un contexto marcado por restricciones de caja, menores ingresos y necesidades adicionales de financiación.
La contratación pública aumentó 22,5 % tras levantarse la Ley de Garantías
El informe revela que, una vez levantada la restricción de la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional suscribió 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, cifra que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo registrado hace cuatro años.
La Contraloría llamó especialmente la atención sobre el crecimiento de la contratación directa, modalidad mediante la cual se firmaron más de 11.000 contratos en apenas cuatro semanas, lo que, según el organismo, exige un mayor seguimiento para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.
Entidades como la ANT y el Ministerio del Interior presentan riesgos
Dentro del análisis, la Contraloría identificó riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, advirtiendo la necesidad de reforzar los controles sobre la ejecución de los recursos.
El organismo de control explicó que la intensa dinámica contractual observada durante el periodo analizado se concentra principalmente en contratos de obra pública y de prestación de servicios, por lo que considera indispensable verificar que las obligaciones adquiridas cuenten con una adecuada planeación financiera y capacidad real de ejecución durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.
Alertan sobre presiones en la caja del Gobierno Nacional
El informe advierte que las finanzas públicas enfrentan un escenario complejo debido al menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajustes al Presupuesto General de la Nación y las crecientes necesidades de financiación.
En ese contexto, la Contraloría señaló que cualquier decisión relacionada con nuevas contrataciones, asignaciones presupuestales o compromisos financieros debe estar respaldada por una disponibilidad efectiva de recursos y por la capacidad fiscal del Estado.
Asimismo, alertó que adoptar compromisos sin una fuente cierta de financiación podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno, afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementar las necesidades de endeudamiento y poner en riesgo el patrimonio público.
La advertencia busca prevenir pérdidas de recursos públicos
La Contraloría explicó que la Función de Advertencia tiene un carácter preventivo y busca evitar que los riesgos identificados se traduzcan en pérdidas para el Estado o en eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto.
El organismo enfatizó que, en medio de las actuales restricciones financieras, cualquier aceleración en la ejecución presupuestal o contractual debe responder a una adecuada planeación y a una capacidad real de financiación, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Identifican siete factores de riesgo para la sostenibilidad fiscal
Como resultado del seguimiento realizado, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que requieren vigilancia permanente por su posible impacto sobre la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público.
Entre los principales se encuentran:
- Insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía.
- Incremento de la contratación directa y concentración contractual.
- Riesgos relacionados con la efectividad de los mecanismos de control y supervisión de los contratos.
Según la entidad, estos factores podrían afectar la correcta ejecución de los recursos públicos si no se fortalecen los controles durante el desarrollo de los proyectos.
La Contraloría pide decisiones con prudencia fiscal
En su informe, el organismo de control reiteró que la gestión fiscal no consiste únicamente en ejecutar recursos, sino en garantizar que cada decisión presupuestal cuente con respaldo financiero y jurídico suficiente.
La entidad recordó que tiene la obligación constitucional de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y señaló que, de llegar a materializarse esas situaciones, adelantará las correspondientes actuaciones de responsabilidad fiscal.
La advertencia fue dirigida al Gobierno y al Ministerio de Hacienda
La Función de Advertencia fue remitida al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, en su calidad de responsable de la administración del Presupuesto General de la Nación.
Además, la Contraloría instó a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central a adoptar decisiones bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad, con el propósito de asegurar que el uso de los recursos públicos corresponda a la capacidad real de financiación del Estado y evitar riesgos para las finanzas nacionales.
Sala Digital Colmundo
