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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños ocasionados a la familia de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven que falleció el 25 de noviembre de 2019 tras recibir el impacto de una munición tipo Bean Bag disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una jornada de protesta social en Bogotá.
En la sentencia, el alto tribunal concluyó que la muerte de Dilan Cruz constituyó una grave violación de derechos humanos y determinó que existió una falla en el servicio por parte de la institución al emplear un arma clasificada como “menos letal” sin advertir adecuadamente sobre su capacidad de causar lesiones fatales.
El Tribunal concluyó que hubo una grave violación de derechos humanos
En su decisión, la Sala señaló que los hechos cumplen con los presupuestos para ser considerados una vulneración grave de derechos fundamentales.
“En el caso concreto, advierte la Sala que se configuran los presupuestos para entender que la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, a causa del impacto de una munición disparada desde un arma de dotación oficial de un miembro del Esmad, constituye una grave violación de derechos humanos”, señala el fallo.
La corporación indicó que el caso no solo compromete el derecho a la vida, sino también las garantías relacionadas con el ejercicio de la protesta social.
El uso de la fuerza fue considerado irregular y excesivo
El Tribunal concluyó que la Policía incurrió en una falla del servicio al clasificar el arma utilizada como un elemento “menos letal”, sin suministrar información suficiente a los uniformados sobre el riesgo real que representaba su utilización.
Según la sentencia, esa situación impidió que el uso de la fuerza fuera evaluado conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, exigidos por la Constitución y los estándares internacionales.
Además, la Sala sostuvo que “se afectó de manera directa los derechos constitucionales y convencionales a la vida y a la protesta”, y añadió que quedó demostrado que “el uso de la fuerza por parte de la entidad accionada no fue precedido de una adecuada valoración de los principios de proporcionalidad y necesidad; es decir, se hizo un uso irregular y excesivo de la fuerza”.
El fallo destaca el impacto de la muerte de un manifestante
El Tribunal también analizó las consecuencias sociales del caso y advirtió que hechos como este tienen efectos que trascienden a las víctimas directas.
La sentencia recuerda que “el fallecimiento de un manifestante genera un impacto social significativo, que puede afectar el ejercicio del derecho a la protesta”, al considerar que este tipo de hechos puede generar temor y limitar el ejercicio de ese derecho fundamental.
La Policía deberá ofrecer disculpas públicas a la familia
Como parte de las medidas de reparación integral, el Tribunal ordenó que el comandante de la Policía Nacional realice un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y presente disculpas a la familia de Dilan Cruz.
La diligencia deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Al justificar esta decisión, la Sala manifestó que “esta medida de satisfacción resulta procedente, máxime si se tiene en cuenta que los hechos que desencadenaron en la muerte del joven tuvieron ocurrencia cuando el mismo se encontraba desarrollando su derecho convencional y constitucional a la protesta”.
Asimismo, enfatizó que “ningún manifestante, por ejercer su derecho legítimo a la protesta, debe ser sujeto pasivo de acciones que atenten contra su integridad, su dignidad y su vida”.
También condenó al Estado al pago de costas procesales
Además de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional al pago de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, las cuales fueron fijadas en el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandante.
Con esta decisión, el Tribunal ratifica la responsabilidad administrativa del Estado por la muerte de Dilan Cruz y establece medidas de reparación dirigidas tanto a su familia como al reconocimiento institucional de los hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2019.
Sala Digital Colmundo
