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La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico, una decisión que desató una fuerte controversia luego de que la Caja de Compensación denunciara una presunta vulneración del debido proceso y anunciara que acudirá a todas las instancias legales para revertir la medida.
La intervención tendrá una duración inicial de 12 meses y se produce a pocas semanas de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino.
La Superintendencia asumió el control de Comfamiliar Atlántico
La medida fue oficializada mediante la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación familiar.
Hacia las 5:00 de la tarde del lunes, comisiones de la Superintendencia llegaron a las sedes de Comfamiliar Atlántico, en Barranquilla, para notificar formalmente la decisión e iniciar el proceso de intervención administrativa.
Como parte de las determinaciones adoptadas, el Gobierno ordenó la remoción inmediata del director administrativo, Herber Mantilla Gómez, así como de todos los miembros titulares del Consejo Directivo.
En reemplazo de la actual administración, fue designada María Teresa Carvajal Aguirre como directora encargada de la entidad, cuya gestión será objeto de evaluaciones semestrales durante el periodo de intervención.
La Caja cuestionó el procedimiento y habló de violación al debido proceso
Minutos después de conocerse la decisión, Comfamiliar Atlántico emitió un comunicado en el que rechazó la intervención, calificándola como una actuación que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales de la institución.
La organización aseguró que la medida fue aplicada como una sanción sin que previamente existiera un procedimiento administrativo que permitiera ejercer plenamente su derecho de defensa.
En el comunicado, la Caja sostuvo que “el acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso”.
Comfamiliar advierte posibles irregularidades jurídicas
La defensa jurídica de Comfamiliar Atlántico también cuestionó la legalidad de la resolución expedida por la Superintendencia, al considerar que desconoce decisiones judiciales vigentes.
Según la entidad, la intervención pasaría por alto una suspensión decretada previamente por el Consejo de Estado sobre el artículo 97 del Decreto 341 de 1988, circunstancia que, en su criterio, constituye un posible vicio de legalidad que deberá ser evaluado por las autoridades judiciales competentes.
Los representantes de la Caja afirmaron que ese aspecto será objeto de un riguroso control judicial, con el propósito de determinar si la actuación administrativa se ajustó al marco legal vigente.
Anuncian recursos legales para revertir la intervención
Las directivas salientes manifestaron que agotarán todos los mecanismos jurídicos disponibles para intentar dejar sin efecto la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que la actuación administrativa afectó los derechos de la institución.
En ese sentido, señalaron que “Comfamiliar Atlántico ejercerá todos los recursos y acciones que la ley le otorga para salvaguardar los derechos de la institución y garantizar el respeto por el debido proceso, confiando en que las autoridades competentes analizarán de manera objetiva las circunstancias que rodean esta actuación administrativa”.
La entidad aseguró que su prioridad será proteger el patrimonio social de la Caja y defender la legalidad de sus actuaciones ante las instancias correspondientes.
Llamado a la tranquilidad para afiliados y trabajadores
Pese al inicio de la intervención administrativa, Comfamiliar Atlántico envió un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores, empresas afiliadas y beneficiarios, reiterando que los servicios continuarán prestándose mientras avanza el proceso ordenado por la Superintendencia.
La Caja destacó que durante más de siete décadas ha prestado servicios de subsidio familiar en la región Caribe y aseguró que su equipo técnico mantendrá el compromiso con la transparencia y la atención de los usuarios.
Entretanto, la intervención administrativa permanecerá vigente durante un periodo inicial de 12 meses, tiempo en el que el Gobierno Nacional ejercerá el control de la entidad y evaluará periódicamente la gestión de la administración designada.
Sala Digital Colmundo
