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Las autoridades de Antioquia encendieron las alarmas ante una presunta estrategia de control territorial que estaría siendo implementada por el frente 36 de las disidencias de las Farc en municipios del Norte y Nordeste del departamento. Según denunció el gobernador Andrés Julián Rendón, integrantes de esta estructura armada ilegal estarían utilizando los carnés de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para vigilar el ingreso de personas a zonas rurales y ejercer control sobre las comunidades.
La advertencia surge en medio de los preparativos para la jornada electoral y tras reportes recibidos por la Gobernación sobre actividades realizadas por este grupo armado en distintas veredas de la región.
Reuniones del frente 36 generan preocupación en Antioquia
De acuerdo con el mandatario departamental, las autoridades han conocido denuncias sobre encuentros convocados por integrantes del frente 36 en varias zonas rurales, especialmente en el municipio de Angostura. Estas reuniones, según indicó, incluso han sido divulgadas a través de redes sociales.
La información recopilada señala que durante estos encuentros los integrantes de la organización ilegal estarían entregando orientaciones políticas a los habitantes de las veredas e intentando influir en las decisiones electorales de las comunidades campesinas.
La situación ha generado preocupación entre las autoridades, que mantienen seguimiento a los movimientos de este grupo armado en una región históricamente afectada por la presencia de organizaciones criminales.
Carnés de las Juntas de Acción Comunal serían usados como mecanismo de control
Rendón aclaró que no se trataría de un nuevo proceso de carnetización promovido por los grupos ilegales. Según explicó, los disidentes estarían aprovechando los carnés que ya poseen los integrantes de las Juntas de Acción Comunal para identificar a quienes ingresan a los territorios bajo su influencia.
El gobernador señaló que este mecanismo tendría como propósito impedir la entrada de personas ajenas a la zona y detectar posibles infiltraciones que puedan afectar las operaciones de la estructura armada.
“La carnetización no es una carnetización que hagan los bandidos, sino que se fijan en la carnetización propia que tienen las juntas de acción comunal y a través de eso tratan de establecer un mecanismo de control”, explicó Rendón al referirse a las denuncias conocidas por las autoridades.
Asimismo, indicó que el objetivo de esta práctica sería evitar el ingreso de personas vinculadas a labores de inteligencia o de miembros de la Fuerza Pública que puedan comprometer las actividades del grupo ilegal en la región.
Refuerzan seguridad para garantizar las elecciones
Frente a estos hechos, la Gobernación de Antioquia informó que las denuncias fueron puestas en conocimiento de las Fuerzas Militares y de Policía, con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia y protección en los municipios donde se han reportado estas situaciones.
El mandatario aseguró que se han realizado visitas y coordinaciones con los organismos de seguridad en diferentes localidades del Norte y Nordeste antioqueño para garantizar condiciones adecuadas durante la jornada electoral.
Cerca de 19.000 uniformados estarán desplegados en el departamento
Rendón destacó que el despliegue de aproximadamente 19.000 uniformados en Antioquia busca no solo proteger el proceso electoral, sino también mantener la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en distintas zonas del departamento.
El gobernador reiteró que la presencia institucional se mantendrá antes, durante y después de las elecciones para evitar cualquier intento de presión armada sobre los votantes y garantizar el ejercicio democrático en todo el territorio antioqueño.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando nuevas medidas de seguridad ante las denuncias sobre presuntas acciones de control territorial e influencia política por parte de grupos armados ilegales en las zonas rurales del departamento.
Sala Digital Colmundo
