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La ESE Alejandro Próspero Reverend interpuso una demanda de repetición en contra de Carlos Caicedo Omar en su calidad de alcalde de Santa Marta y presidente de la junta directiva en el periodo 2012-2016, así como contra los miembros de esa junta.
La acción de repetición busca que se condene al exalcalde y a esa Junta Directiva a pagar más de 710 millones de pesos a favor de la ESE, que corresponden al monto que esta pagó a su exgerente Jairo Enrique Romo Ortiz por orden judicial.
Romo obtuvo el máximo puntaje en las pruebas desarrolladas para la escogencia del gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend en 2012 (95.4%) y le correspondía a la Junta Directiva hacer la terna y remitir al alcalde para que hiciera el nombramiento.
En ese momento la Junta estaba conformada así: presidente, Carlos Eduardo Caicedo Omar; Secretaria de Salud Distrital, Adriana Castillo Bolaños; representante de los empleados de la salud, Patricia Pardo Segrera; representante de los empleados del área administrativa de la ESE, Yaneth Mercado Pacheco y la gerente encargada de la ESE, Carmen López de Urdaneta, secretaria ejecutiva de la Junta.
El entonces alcalde Caicedo no hizo el nombramiento, por lo que Romo interpuso una tutela, que falló a su favor el juzgado cuarto civil municipal (el 7 de junio de 2012), que ordenó conformar la terna en 48 horas y proceder al nombramiento del gerente. La Junta hizo la terna y se la entregó al alcalde, que finalmente no designó a Romo en el cargo.
El 9 de marzo de 2016, el juzgado sexto administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó a Caicedo que nombrara a Romo como gerente y condenó a la ESE a pagar una sanción moratoria y los salarios y prestaciones que dejó de percibir Romo desde el 7 de mayo de 2012 hasta la fecha en que fuera nombrado.
El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó finalmente a la ESE, el 30 de agosto de 2017, al pago de los salarios y prestaciones sociales, desde el 27 de abril de 2012 y hasta el 26 de abril de 2016, fecha en la que culmina su periodo como gerente.
El agente interventor de la ESE, Román de Jesús de la Rosa, y Jairo Romo llegaron a un acuerdo para el pago, que hizo finalmente la ESE con recursos propios y del Fondo de salvamento de Entidades Territoriales (FONSAET).
“En estos momentos, este mandato judicial de pago causa traumatismos económicos a la entidad; con estos recursos propios se hubiese reforzado, por ejemplo, la dotación de elementos de protección para el personal asistencial y así seguir en pie de lucha contra Covid-19. Si bien es cierto que somos respetuosos de las decisiones judiciales, no es menos cierto que para esta intervención es importante proteger los recursos con los que contamos; es por ello que accionamos ante la entidad judicial, con la finalidad que las personas que en su momento hicieron caso omiso al concurso y nombramiento del gerente en comento, deban cumplir con el petitorio realizado en esta acción de repetición. Finalmente confiamos que el sistema de justicia obrará en derecho”, dijo el Agente Especial Interventor, Román de la Rosa Montenegro.
