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9 junio, 2026El excandidato presidencial Santiago Botero anunció nuevas acciones jurídicas dentro del proceso por presunta violencia intrafamiliar que enfrenta, luego de que su equipo de defensa presentara una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra un comisario de familia de Cartagena por supuestas irregularidades en el trámite del caso.
La actuación fue radicada por la abogada Diana Paola Chavarro Gutiérrez, quien aseguró que esta es una de las primeras medidas legales encaminadas a controvertir lo que la defensa considera un “montaje” en contra del dirigente político.
Defensa cuestiona actuación de comisario de familia
De acuerdo con el documento presentado ante los organismos de control, la queja está dirigida contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant, a quien señalan de presuntamente haber incurrido en actuaciones que comprometerían las garantías procesales del caso.
Según la defensa, el accionar del funcionario habría afectado principios fundamentales como la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia, el debido proceso y la proporcionalidad. Además, sostiene que el comisario habría contribuido a la construcción de narrativas que perjudicaron la imagen pública del excandidato en un momento clave del calendario electoral.
La defensa habla de un supuesto uso político del caso
la defensa de Santiago Botero reiteró que existen elementos que deben ser investigados por las autoridades, pese a que el proceso aún no cuenta con una decisión judicial definitiva.
El comunicado señala que algunos funcionarios involucrados habrían manifestado públicamente posiciones políticas y críticas contra el excandidato presidencial. Según la defensa, estas circunstancias deben ser evaluadas por los organismos competentes para determinar si existieron actuaciones que comprometieran la objetividad del proceso.
La controversia tendría origen en un divorcio y una liquidación patrimonial
Uno de los principales argumentos expuestos por la defensa es que el conflicto judicial tendría su origen en una negociación fallida de divorcio y liquidación patrimonial entre Santiago Botero y su expareja, Manuela Echeverri.
Según la versión presentada por los abogados del excandidato, durante las conversaciones se habrían formulado solicitudes económicas que consideran excesivas y alejadas de los parámetros legales establecidos.
Entre las exigencias mencionadas por la defensa figuran una asignación mensual de 36 millones de pesos para Echeverri, una cuota alimentaria superior a los cinco millones de pesos para el menor, renovación periódica de vehículos, un seguro de vida por un millón de dólares y la entrega de un apartamento en Cartagena valorado en cerca de 20.000 millones de pesos.
Defensa asegura que las acusaciones cambiaron con el tiempo
La representación jurídica de Botero sostiene que las solicitudes económicas planteadas demostrarían que el conflicto tiene un componente esencialmente patrimonial.
Asimismo, argumenta que las denuncias han presentado modificaciones significativas a lo largo del tiempo. Según la abogada Chavarro, inicialmente se hablaba de hechos relacionados con armas de fuego y agresiones físicas, mientras que posteriormente las acusaciones habrían evolucionado hacia señalamientos asociados con presunta violencia económica.
Para la defensa, estos cambios deben ser analizados dentro del proceso judicial para establecer el contexto completo de las denuncias.
La versión de Manuela Echeverri
Por su parte, Manuela Echeverri ha sostenido públicamente que decidió denunciar los hechos después de soportar durante meses situaciones que calificó como violencia intrafamiliar.
En declaraciones entregadas al diario El Tiempo el pasado 30 de mayo, aseguró que inicialmente evitó presentar una denuncia para no afectar la campaña presidencial de Santiago Botero en la recta final de las elecciones.
“He sido muy prudente y soporté; quise evitar que por una denuncia mía se le afectara su campaña presidencial”, manifestó.
“Pensé primero en mi hijo y en mí”
Echeverri relató que el episodio que la llevó a acudir ante las autoridades ocurrió durante una discusión entre Botero y su madre relacionada con temas ambientales y posiciones frente al páramo de Santurbán.
Según su testimonio, la situación la llevó a tomar la decisión de priorizar su bienestar y el de su hijo por encima de las implicaciones políticas que pudiera generar la denuncia.
“Hay un punto en el que las mujeres violentadas no podemos silenciarnos ni permitir que la maldad crezca”, expresó. También afirmó que, tras consultar con sus abogados, consideró necesario poner los hechos en conocimiento de la justicia.
El caso sigue en manos de las autoridades
Mientras la defensa de Santiago Botero insiste en que existe un supuesto montaje y anuncia nuevas acciones jurídicas, Manuela Echeverri mantiene las acusaciones por presunta violencia intrafamiliar y defiende la legitimidad de su denuncia.
Las autoridades serán las encargadas de determinar, dentro de las investigaciones en curso, la veracidad de las versiones presentadas por ambas partes y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso que continúa generando atención pública y política.
Sala Digital Colmundo




