Procuraduría sanciona a Felipe Harman por retrasar cumplimiento de una orden judicial cuando era alcalde de Villavicencio
4 junio, 2026
Ley Sara Sofía ya está en vigor en Colombia: así funcionará la alerta en celulares para encontrar niños desaparecidos
4 junio, 2026
La investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tomó un nuevo rumbo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Los congresistas Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta solicitaron formalmente abrir una investigación contra el mandatario y llamarlo a indagatoria, al considerar que existen elementos que ameritan una etapa más profunda de análisis.
La petición fue presentada mediante un documento en el que ambos representantes se apartan del auto inhibitorio radicado por el congresista Alirio Uribe, quien había planteado que no se avanzara hacia una investigación formal contra el jefe de Estado por estos hechos.
Actualmente, el caso está en manos de tres investigadores dentro de la Comisión de Investigación y Acusación: Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta, quienes tienen la responsabilidad de evaluar las denuncias relacionadas con la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño.
En el documento radicado, Carrillo y Arizabaleta hacen referencia a un presunto aporte de 500 millones de pesos atribuido a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), recursos que, según sostienen, habrían pasado por una serie de intermediaciones para evitar una relación directa entre el sindicato y la campaña presidencial.
Los congresistas señalan que los recursos habrían sido utilizados para cubrir gastos relacionados con los testigos electorales durante la primera vuelta presidencial. En el documento afirman que la operación financiera evidenciaría una posible estrategia para ocultar el origen de los fondos.
“Esta denominación aparentemente técnica contenía el pago para los testigos electorales que operan durante la primera vuelta”, indica el texto presentado por los representantes. Además, sostienen que la presunta ruta de los recursos, que habría pasado por Colombia Humana y posteriormente por la empresa Ingenial Media SAS antes de llegar a los testigos electorales, podría constituir un mecanismo orientado a “desviar el origen real del aporte y a eludir el reporte al sistema Cuentas Claras”.
El documento también menciona un supuesto aporte de 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, que según los congresistas no habría sido reportado en el sistema oficial de rendición de cuentas electorales.
A esto se suman cuestionamientos relacionados con una empresa de transporte aéreo que prestó servicios durante la campaña. Según la exposición presentada por Carrillo y Arizabaleta, inicialmente se habrían realizado cobros por determinados desplazamientos, pero posteriormente las facturas reflejaron una reducción en los valores reportados por esos mismos servicios.
Los representantes también incluyeron observaciones sobre presuntos pagos a testigos electorales durante la primera y segunda vuelta presidencial que, según su análisis, no habrían sido registrados dentro de los informes oficiales de gastos de campaña.
De acuerdo con los congresistas, las explicaciones entregadas hasta ahora por la campaña presidencial no resultan suficientes para aclarar las dudas planteadas en el expediente. Por ello consideran necesario avanzar hacia una investigación formal y escuchar directamente al presidente Gustavo Petro mediante una diligencia de indagatoria.
La decisión ahora quedará en manos de los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Se espera que en una próxima sesión, los 18 representantes que conforman este organismo voten si respaldan o no la apertura formal de la investigación.
En sus conclusiones, Carrillo y Arizabaleta sostienen que existen fundamentos jurídicos para continuar con el proceso. En el documento afirman que “la teoría del dominio del hecho, en sus modalidades de coautoría impropia y autoría mediata por dominio de organización” constituye la base para una eventual imputación provisional de Gustavo Petro como posible responsable de las presuntas irregularidades financieras detectadas en la campaña presidencial de 2022.
Los congresistas enfatizan que será la etapa de instrucción la que determine, con base en el material probatorio que pueda ser recaudado, si existe mérito suficiente para establecer responsabilidades o descartar las acusaciones formuladas dentro del proceso.
Sala Digital Colmundo
