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La Unión Europea dio un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria al alcanzar un acuerdo que permitirá a los Estados miembros enviar migrantes en situación irregular a centros de retorno ubicados en terceros países. La medida, que aún debe recibir la aprobación definitiva del Parlamento Europeo y de los gobiernos nacionales, ha generado una fuerte controversia entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El acuerdo fue respaldado por el Parlamento Europeo el pasado 1 de junio y forma parte de una estrategia más amplia para acelerar las expulsiones de personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que permanezcan en territorio europeo sin autorización legal.
La UE busca agilizar deportaciones y reforzar el control migratorio
La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea en 2025, contempla una serie de herramientas destinadas a facilitar los procesos de deportación y aumentar la capacidad de los gobiernos para ejecutar órdenes de salida.
Entre las principales novedades se encuentra la posibilidad de crear “centros de retorno” fuera del territorio europeo, donde serían trasladados migrantes obligados a abandonar la Unión Europea.
La normativa aún deberá superar una votación final en las próximas semanas, pero ya cuenta con el respaldo de varios gobiernos que consideran necesario endurecer las políticas migratorias ante las dificultades para ejecutar las expulsiones.
Migrantes podrían ser enviados a países con los que no tienen relación
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es que los migrantes podrían ser trasladados a terceros países sin necesidad de tener vínculos previos con esos territorios.
Algunos países europeos como Dinamarca, Austria y Alemania ya estudian posibles ubicaciones para estos centros, entre ellas Ruanda, Uganda y Uzbekistán.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, defendió la iniciativa al afirmar que las nuevas reglas permitirán ejercer un mayor control sobre los flujos migratorios.
“Con las nuevas reglas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse”, señaló el funcionario europeo.
Hasta ahora, los Estados miembros no han revelado oficialmente qué países albergarían estos centros ni bajo qué condiciones funcionarían.
Bruselas argumenta que las expulsiones actuales son insuficientes
La Comisión Europea sostiene que los gobiernos enfrentan grandes dificultades para garantizar la salida efectiva de personas que reciben órdenes de expulsión.
Según datos de Bruselas, solo cerca del 20 % de los migrantes con orden de salida abandonan actualmente el territorio comunitario, una situación que ha impulsado la búsqueda de nuevos mecanismos para hacer cumplir las decisiones migratorias.
La medida llega además en un contexto político marcado por el crecimiento de partidos de derecha y extrema derecha en varios países europeos, pese a que las llegadas irregulares al continente disminuyeron un 26 % durante 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2021.
Organizaciones humanitarias alertan sobre riesgos para los derechos humanos
Diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado la propuesta y advierten que podría derivar en un aumento de las vulneraciones contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
Silvia Carta, responsable de incidencia de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), aseguró que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación”.
Las ONG cuestionan especialmente la ampliación de las facultades otorgadas a las autoridades migratorias y consideran que algunas disposiciones podrían facilitar abusos y restricciones excesivas contra los migrantes.
Más detenciones, registros y sanciones para quienes no cooperen
El nuevo marco normativo amplía los períodos de detención administrativa y contempla sanciones para quienes no colaboren con los procedimientos migratorios.
Entre las medidas previstas figuran prohibiciones de entrada, multas e incluso posibles sanciones penales para determinados casos.
Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, recopilar datos biométricos, realizar registros domiciliarios y detener menores de edad, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones humanitarias.
La legislación también autoriza inspecciones tanto a migrantes como a “instalaciones pertinentes”, una formulación que ha sido criticada por activistas debido a su amplitud y posible interpretación extensiva.
Países Bajos, Dinamarca y Alemania avanzan en proyectos similares
Algunos gobiernos europeos ya trabajan en mecanismos que anticipan la aplicación de esta política.
Los Países Bajos colaboran actualmente con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria para desarrollar centros conjuntos de retorno y tránsito.
Aunque las conversaciones con Uganda sobre un posible acuerdo similar fueron suspendidas temporalmente, el gobierno neerlandés espera avanzar de forma concreta antes de finalizar 2026.
El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, ha descrito la situación migratoria como una “crisis de asilo”, señalando la saturación de los centros de acogida y el aumento de protestas relacionadas con la inmigración.
Italia ya probó un modelo similar en Albania
La estrategia de externalizar la gestión migratoria no es completamente nueva en Europa.
Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, puso en marcha un proyecto en Albania para trasladar migrantes incluso antes de que se resolvieran sus solicitudes de asilo.
Sin embargo, la experiencia enfrentó múltiples recursos judiciales y durante largos periodos el centro permaneció prácticamente vacío, lo que generó dudas sobre la viabilidad de este tipo de iniciativas.
España y Francia mantienen reservas frente a la propuesta
Aunque varios gobiernos respaldan el endurecimiento migratorio, no existe unanimidad dentro de la Unión Europea.
España ha manifestado su oposición a estos centros, argumentando que podrían comprometer el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Por su parte, Francia se ha mostrado escéptica respecto a la eficacia y viabilidad de este modelo, que requerirá complejas negociaciones diplomáticas con los países que eventualmente acepten albergar estas instalaciones.
Un nuevo giro restrictivo en la política migratoria europea
La nueva legislación representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria europea desde la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor recientemente y fortaleció los controles en las fronteras exteriores del bloque.
Los Estados miembros podrán comenzar a desarrollar los centros de retorno de forma inmediata, aunque algunas disposiciones de la ley solo entrarán en vigor un año después de su publicación oficial.
Para analistas y observadores, esta reforma refleja el creciente peso político de los sectores conservadores y de extrema derecha en Europa, así como la intención de varios gobiernos de endurecer las medidas migratorias en respuesta a las demandas de una parte del electorado.
Humberto ‘Toto’ Torres
