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Un nuevo episodio de violencia sacude al departamento del Cauca. Las autoridades confirmaron la muerte de Luis Enrique Tunubala Fernández, integrante de la autoridad tradicional del pueblo misak, durante un enfrentamiento registrado en la madrugada de este jueves 21 de mayo en el sector de La Ensillada, jurisdicción del municipio de Silvia.
El hecho ocurrió en una zona de páramo donde persiste una histórica disputa territorial entre el Resguardo Indígena de Guambía, perteneciente al pueblo misak, y el Resguardo de Pitayó, del pueblo nasa. Además de la persona fallecida, varias personas resultaron heridas en medio de los enfrentamientos entre integrantes de ambas comunidades indígenas.
Las tensiones se concentran en cerca de 900 hectáreas de territorio que ambas comunidades consideran ancestrales y estratégicas para su permanencia cultural y territorial.
Pueblo misak denuncia agresión contra su autoridad ancestral
Tras los hechos violentos, las autoridades del pueblo misak nu nachak emitieron un comunicado rechazando el ataque y denunciando agresiones en lo que consideran parte de su territorio ancestral.
Según el pronunciamiento, las tierras en disputa han sido habitadas y protegidas históricamente por el pueblo misak, por lo que cuestionaron la presencia y control territorial ejercido durante los últimos meses por integrantes de comunidades nasa.
Las autoridades indígenas explicaron que comuneros y representantes misak adelantaban este jueves una acción para retomar presencia en el sector de La Ensillada, situación que derivó en el enfrentamiento armado.
Durante esos hechos murió Luis Enrique Tunubala Fernández, cuya muerte fue calificada por el consejo nu nachak como una afectación directa “contra la vida, la autonomía y la autoridad ancestral” de los pueblos indígenas del Cauca.
El conflicto territorial involucra decisiones de la Agencia Nacional de Tierras
La disputa entre ambas comunidades tiene como trasfondo varias decisiones administrativas emitidas por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, relacionadas con la adjudicación y reconocimiento de territorios colectivos.
De acuerdo con las autoridades del resguardo de Guambía, la ANT habría expedido resoluciones y títulos colectivos a favor de cabildos nasa sobre territorios que los misak consideran propios ancestralmente.
Las comunidades misak aseguran que las adjudicaciones abarcan aproximadamente 9.530 hectáreas, incluyendo zonas estratégicas de páramo, lagunas y sectores como La Ensillada, Alto Méndez y Cacique.
Para el pueblo misak, estos territorios poseen un profundo valor espiritual, ancestral y cosmológico dentro de su historia y cosmovisión comunitaria.
Comunidades mantienen posiciones opuestas sobre la delimitación territorial
Las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras han generado interpretaciones completamente distintas entre los pueblos misak y nasa sobre los límites y la propiedad colectiva del territorio.
Según las denuncias presentadas por las autoridades misak, integrantes del pueblo nasa han respaldado procesos de control territorial mediante instalación de mojones y presencia comunitaria sustentados en actos administrativos expedidos por la ANT.
Por su parte, las autoridades del resguardo de Guambía consideran que dichas resoluciones desconocieron los límites históricos del territorio misak y representan una afectación directa a sus derechos colectivos.
Pueblo misak cuestiona políticas territoriales del Gobierno
En medio del pronunciamiento conocido tras los enfrentamientos, las autoridades indígenas también criticaron las políticas de tierras impulsadas por el Gobierno nacional, especialmente las relacionadas con delimitación territorial y la estrategia ATEA.
El pueblo misak sostuvo que la superposición de mapas y títulos colectivos sobre territorios en disputa se habría realizado sin suficientes procesos de concertación interétnica, situación que, según afirman, profundizó el conflicto entre ambas comunidades.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con los hechos ocurridos en La Ensillada. Entretanto, organismos de derechos humanos y entidades del Estado mantienen seguimiento a la delicada situación de orden público que persiste en el oriente del Cauca.
