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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución con la que la Fiscalía había dejado sin efecto las órdenes de captura contra varios cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes participan en los diálogos de la llamada ‘Paz Urbana’ promovida por el Gobierno nacional. La decisión judicial reactiva de inmediato las órdenes de detención contra siete de los principales líderes señalados de integrar organizaciones delincuenciales en Antioquia.
La determinación fue adoptada por el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, de la Sección Primera del Consejo de Estado, quien dejó sin efectos temporales la Resolución 72 de marzo de 2026 expedida por la Fiscalía General de la Nación. Ese acto administrativo había suspendido las órdenes de captura de 23 cabecillas vinculados a las negociaciones impulsadas dentro de la estrategia de ‘Paz Total’.
Según el alto tribunal, la medida tomada por la Fiscalía carecía de una argumentación suficiente y presentaba posibles irregularidades jurídicas, especialmente frente a los riesgos que implicaba permitir la suspensión de las capturas.
Gobernación de Antioquia cuestionó la decisión de la Fiscalía
La controversia surgió luego de que la Consejería Comisionada de Paz solicitara el pasado 27 de marzo la suspensión de las órdenes de captura para facilitar los acercamientos con las estructuras armadas urbanas. Aunque varios de los beneficiados ya estaban privados de la libertad, la Fiscalía posteriormente reversó parcialmente la medida el 8 de abril.
Sin embargo, la Gobernación de Antioquia, encabezada por Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda contra la Resolución 72 al considerar que era “violatoria de principios y normas constitucionales, legales y convencionales”. La administración departamental sostuvo que la decisión desconocía disposiciones de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total.
El Consejo de Estado acogió varios de esos argumentos y advirtió que la resolución expedida por el ente acusador no sustentó de manera autónoma las razones jurídicas para levantar las órdenes de captura.
Consejo de Estado advierte riesgo de fuga internacional
En el auto de 38 páginas, el magistrado Mantilla alertó sobre un “notorio riesgo de fuga internacional” de los cabecillas favorecidos con la suspensión judicial. El documento señala que únicamente dos de los beneficiados tenían restricciones para salir del país, lo que, según el despacho, representaba una amenaza para el cumplimiento de los procesos judiciales.
Además, el fallo cuestiona que la Fiscalía no hubiera verificado inicialmente si algunos de los involucrados estaban cumpliendo condenas o medidas privativas de la libertad antes de emitir la resolución.
El magistrado también reprochó que el ente investigador se hubiera basado “de forma exclusiva” en la solicitud presentada por la oficina del comisionado de paz, liderada por Otty Patiño. “La resolución no desarrolla un análisis propio y específico”, señala el documento judicial.
Las órdenes de captura vuelven a estar vigentes
El Consejo de Estado concluyó que no era suficiente “con reiterar que existe un proceso de acercamiento en curso” para justificar la suspensión de las órdenes de captura. El tribunal insistió en que el Gobierno y la Fiscalía debían sustentar con mayor profundidad los beneficios y riesgos de la medida dentro del proceso de ‘Paz Urbana’.
Con la suspensión provisional de la Resolución 72, las órdenes de captura quedaron nuevamente activas contra siete cabecillas señalados de liderar estructuras criminales en el Valle de Aburrá:
- Alberto Antonio Henao Acevedo
- Andrés Dimaría Oliveros Correa
- Fredy Alexander Henao Arias
- Gustavo Adolfo Pérez Peña
- Jhon Fredy Yepes Hoyos
- Mauricio de Jesús Morales Múnera
- Rodrigo Henao Acevedo
La decisión representa un nuevo revés judicial para la estrategia de negociación urbana del Gobierno Petro en Antioquia y reabre el debate sobre los alcances legales de la política de ‘Paz Total’.
Humberto ‘Toto’ Torres
