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El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió que 15 departamentos del país presentan riesgos electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2026, debido a posibles interferencias de grupos armados ilegales y estructuras criminales en distintas regiones del territorio nacional.
Según el informe del ICP, la alerta surge tras analizar los resultados de las elecciones al Congreso y detectar patrones atípicos en zonas con fuerte presencia de actores armados, donde se habrían presentado mecanismos de presión, vigilancia y restricciones contra los votantes.
Los departamentos con mayores niveles de riesgo identificados fueron Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó, territorios en los que se reportaron irregularidades en 722 puestos de votación. Estas mesas concentran cerca de 327.196 votos y un potencial electoral de 494.434 ciudadanos habilitados para sufragar.
El documento detalla que en Caquetá presuntamente se exigieron certificados electorales bajo amenazas de sanciones o multas. En Guaviare, según el reporte, hubo restricciones al transporte de personas relacionadas con campañas políticas, mientras que en El Tarra, Norte de Santander, se registró la presencia de grupos armados en cercanías a los puestos de votación.
De igual manera, en municipios como Guapi y López de Micay, en Cauca, se habrían presentado casos de acompañamiento indebido a electores hasta las mesas de votación y vigilancia sobre la decisión marcada en el tarjetón. En Bajo Baudó, Chocó, el informe documentó presuntos hechos de constreñimiento contra comunidades indígenas.
El Instituto de Ciencia Política explicó que estas alertas fueron construidas a partir de “patrones estadísticos inusuales”, cruzados con variables de control territorial y reportes de veeduría ciudadana. Entre los factores analizados aparecen situaciones como vigilancia al voto, presión comunitaria y limitaciones al proselitismo político.
La organización también sostuvo que la interferencia criminal no solo ocurre en el momento de la votación, sino que opera previamente mediante mecanismos de coerción social y control territorial, afectando la libertad de los ciudadanos antes de llegar a las urnas.
Ante este panorama, el ICP hizo un llamado a las autoridades nacionales y a las misiones internacionales de observación electoral para que refuercen la vigilancia en los entornos sociales y territoriales de los votantes, y no únicamente en los puestos de votación durante la jornada electoral.
El informe reabre el debate sobre las garantías democráticas en regiones históricamente golpeadas por la violencia y la presencia de estructuras armadas ilegales, en medio de la preparación del país para una nueva contienda presidencial.
Humberto ‘Toto’ Torres
