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¿Por qué se frenó el Estatuto Aduanero y cuál es el riego que advierte la DIAN?
El trámite del nuevo Estatuto Regulatorio y Sancionatorio Aduanero sufrió un nuevo freno en el Congreso luego de que fuera suspendida la sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara en la que debía realizarse el primer debate del proyecto. La decisión fue tomada por el representante Álvaro Mauricio Cardona, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, tras advertir un posible vicio de procedimiento por la participación virtual de dos senadores durante la jornada.
La suspensión abrió un fuerte choque político y jurídico alrededor de una iniciativa que el Gobierno y la DIAN consideran prioritaria para mantener las facultades de control aduanero del país. El senador Antonio Correa aseguró que la decisión representó un “boicot político” y afirmó que se desconocieron constancias y apelaciones presentadas durante la sesión. Según el congresista, la legislación y la jurisprudencia han permitido en distintos casos las votaciones mixtas entre participación presencial y virtual.
El debate cobra especial relevancia porque el proyecto responde a una orden de la Corte Constitucional, que estableció que el régimen de sanciones, decomisos y aprehensiones aduaneras debe estar regulado mediante una ley aprobada por el Congreso y no únicamente por decretos del Ejecutivo. El alto tribunal fijó como plazo máximo el 20 de junio de 2026 para expedir la norma. Si no se cumple ese límite, el país podría entrar en un vacío jurídico sobre las facultades sancionatorias en materia aduanera.
El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, advirtió que las consecuencias serían de gran impacto para el control del contrabando y las finanzas públicas. Según explicó, la entidad perdería capacidad para realizar decomisos, aprehensiones y procesos sancionatorios, además de verse obligada a devolver cerca de 7 billones de pesos correspondientes a expedientes actualmente en trámite. El funcionario también señaló que el contrabando en Colombia podría alcanzar los 32 billones de pesos anuales y afectar gravemente el recaudo tributario y la competencia legal de la industria nacional.
Betancourt agregó que el contrabando no solo tiene efectos económicos, sino que también está relacionado con estructuras de lavado de activos y economías ilegales. De acuerdo con la DIAN, el nuevo estatuto busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, modernizar los procesos de importación y exportación y dotar al Estado de herramientas tecnológicas y jurídicas para mejorar la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al país.
Por su parte, el representante Álvaro Mauricio Cardona defendió la suspensión del debate y aseguró que la decisión busca evitar que la futura ley sea demandada o anulada por errores de procedimiento. El congresista sostuvo que las sesiones mixtas solo aplican en circunstancias excepcionales y recordó que varias normas aprobadas en el pasado han sido cuestionadas ante las altas cortes por posibles irregularidades en su trámite legislativo.
El proyecto del Estatuto Aduanero, según la DIAN, fue construido durante más de tres años de trabajo técnico con participación del sector privado, gremios y autoridades del comercio exterior. La entidad aseguró que el texto logró consensos entre sectores del Gobierno y de la oposición, especialmente en temas relacionados con sanciones proporcionales, modernización logística y fortalecimiento de los controles contra el comercio ilegal.
Ahora la discusión quedó en manos de la Unidad Coordinadora Legislativa del Congreso, instancia encargada de revisar si la participación virtual de los senadores era válida para este tipo de debate. Mientras se emite ese concepto, el trámite legislativo permanece suspendido y el plazo impuesto por la Corte Constitucional sigue avanzando. Si el Congreso no aprueba la ley antes del 20 de junio, Colombia podría enfrentar un escenario de incertidumbre jurídica en materia aduanera y de control al contrabando.
JUAN JOYA
