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11 mayo, 2026Un juez de Bogotá ordenó este lunes la libertad inmediata de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial se produjo por vencimiento de términos, luego de que no se iniciara el juicio dentro del plazo establecido por la ley.
La determinación fue adoptada por un juez de control de garantías de Bogotá, quien concluyó que fueron ampliamente superados los 240 días que fija la legislación colombiana para iniciar la etapa de juicio tras la radicación del escrito de acusación. Según el despacho judicial, Sandra Ortiz permaneció privada de la libertad durante varios meses sin avances suficientes en el proceso.
De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa, desde el 24 de enero de 2025 hasta la fecha transcurrieron 473 días sin que comenzara formalmente la audiencia de juicio en su contra. Ante ese panorama, el juzgado determinó que se configuró la causal de vencimiento de términos contemplada en la ley.
“El Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y, en consecuencia, ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova”, señaló el despacho judicial durante la audiencia.
Asimismo, el juez ordenó expedir la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación de Policía Carabineros de Bogotá y a la dirección de la cárcel de mujeres El Buen Pastor. La medida busca restablecer de manera inmediata el derecho fundamental a la libertad de la exfuncionaria mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Sandra Ortiz denuncia supuestas presiones de la Fiscalía
Previo a conocerse la decisión judicial, Sandra Ortiz aseguró durante la audiencia que habría sido presionada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para declarar contra exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las investigaciones por corrupción en la UNGRD.
Según la exfuncionaria, el proceso penal tendría un trasfondo político más allá de las actuaciones judiciales. Ortiz afirmó que supuestamente le advirtieron que sería imputada y enviada a prisión si no entregaba información o chats relacionados con integrantes del Gobierno nacional.
“Si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar una medida de aseguramiento”, aseguró Sandra Ortiz al relatar lo que, según ella, le habría manifestado un coordinador de la Fiscalía durante el proceso investigativo.
La exconsejera también indicó que cuenta con documentos y comunicaciones entregadas a su abogado para respaldar sus afirmaciones. “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, sostuvo durante la diligencia judicial.
Finalmente, Sandra Ortiz manifestó que su percepción es que el proceso adelantado en su contra estaría relacionado con haber trabajado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entretanto, las investigaciones por el escándalo de corrupción en la UNGRD continúan avanzando en diferentes frentes judiciales y disciplinarios.
Humberto ‘Toto’ Torres




