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¿Ese derecho permite a un congresista apartarse de una decisión mayoritaria de su partido sin incurrir en doble militancia?
Un remezón sacude a la Alianza Verde a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, luego de que la colectividad oficializara su respaldo al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) con 34 votos a favor, una abstención y tres en contra. Un sector del partido radicó una objeción de conciencia para apartarse de esa decisión, encabezado por la representante a la Cámara Cathy Juvinao, junto al concejal Julián Sastoque y el edil Pedro Moreno, cercanos a la candidata Claudia López.
El documento, de 11 páginas, fue radicado ante el partido y se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de conciencia, así como en jurisprudencia del Consejo de Estado sobre su aplicación en el ámbito político. “Los firmantes argumentan que no pueden ser obligados a acompañar una candidatura contraria a sus convicciones”, señala el texto. En concreto, los objetores plantean dos ejes: los escándalos de corrupción durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y la polémica por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los firmantes mencionan el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpicó a varias figuras de la Alianza Verde, entre ellas Sandra Ortiz, el congresista Iván Name y el prófugo Carlos Ramón González, uno de los fundadores del partido.
“No hay coherencia si se apoya a una candidatura del mismo proyecto político en el que tuvo lugar dicho escándalo de corrupción. Mucho menos cuando la colectividad impulsó la Consulta Anticorrupción de la mano de Claudia López y Angélica Lozano”, reza el documento.
“El Partido Alianza Verde se ha caracterizado por una posición firme contra la corrupción, asumiendo un cuestionamiento profundo a cualquier actuación que vaya en contra de la moralidad pública”, se lee en el texto.
La respuesta de la dirigencia no se hizo esperar. El senador Ariel Ávila, uno de los promotores del acuerdo con Cepeda, lanzó una advertencia: “Ningún miembro del Partido Verde puede estar en tarima con otro candidato que no sea Iván Cepeda. Quien lo haga incurrirá en doble militancia”. Además, afirmó que “la objeción de conciencia es un sentimiento íntimo, pero la campaña es un acto público”, desestimando así su uso para respaldar a otros candidatos como Paloma Valencia o Claudia López.
La representante Cathy Juvinao respondió con una fuerte crítica, denunciando presiones internas. “Me doy por notificada de la amenaza directa a mi curul si objeta conciencia ante la imposición de apoyar al candidato petrista”, afirmó. Además, señaló que esto implicaría una censura incluso en redes sociales frente a su respaldo a otros liderazgos.
Los objetores fueron claros en los límites de su postura. En el comunicado precisaron que “no buscan promover candidaturas de otras organizaciones ni incurrir en doble militancia”, sino que su decisión se limita a la “no participación en la campaña presidencial respaldada por el partido”. Incluso descartaron respaldar aspiraciones como las de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia o Santiago Botero.
El trasfondo del conflicto evidencia un cambio histórico dentro de la Alianza Verde. Como recordó Ávila, “la última vez que el partido tomó postura por un candidato presidencial fue en 2010 con Antanas Mockus”, mientras que en elecciones posteriores se había dado libertad a sus miembros.
Este giro, sumado a la advertencia de sanciones por doble militancia, pone en tensión a la colectividad, que además enfrenta un proceso de escisión con la salida del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández). A pocos días de las elecciones, crece la incertidumbre no solo sobre el resultado presidencial, sino sobre la estabilidad interna del partido.
Juan Joya
