SAE desmiente control sobre predio con minería ilegal en Antioquia y contradice versión del Ejército

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aseguró que no tiene bajo su administración el predio ‘La Mandinga’, ubicado en Cáceres (Antioquia), donde se denuncian operaciones de minería ilegal vinculadas al Clan del Golfo. La entidad explicó que, tras una revisión exhaustiva de sus registros y sistemas de información, se concluyó que el terreno no figura dentro de los bienes gestionados por la sociedad.

Este pronunciamiento contradice directamente la versión del Ejército Nacional, que había señalado a la SAE como responsable de la custodia del lote, en medio de la controversia desatada por una investigación del diario The New York Times sobre la presencia de minería ilegal incluso dentro del perímetro militar en el Bajo Cauca antioqueño.

Ruta judicial del predio

De acuerdo con la SAE, el inmueble fue objeto de embargo por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de un proceso de Justicia y Paz, pero en febrero de 2020 una decisión judicial declaró la extinción de dominio y ordenó su transferencia al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. Esto implica que la responsabilidad administrativa recae en otra entidad estatal y no en la SAE.

Además, la sociedad aclaró que el predio nunca le fue entregado por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme realizadas en 2014, lo que refuerza su posición frente a la controversia.

Investigación internacional: minería dentro de un batallón

El escándalo tomó fuerza tras la investigación liderada por el fotoperiodista Federico Ríos para The New York Times, en la que se documentó una presunta infiltración de minería ilegal dentro del Batallón de Infantería N.º 31 Rifles, ubicado en Caucasia.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca que la extracción de oro no se limita a zonas cercanas, sino que ocurre dentro del perímetro militar, con excavaciones detectadas a tan solo 137 metros de las instalaciones internas del batallón. Según la investigación, esta actividad serviría como fuente de financiamiento para el Clan del Golfo, fortaleciendo su control territorial en la región.

El reportaje también detalla cómo, tras dos años de seguimiento, el periodista evidenció en terreno el uso de maquinaria, mangueras de alta presión y mercurio, elementos característicos de la minería ilegal. Un testimonio clave encendió las alarmas: “¿Qué opinan ustedes de que también haya mineros trabajando dentro del batallón?”, cuestionó una fuente en la zona.

Reacción del Ejército y controversia institucional

Ante la gravedad de los señalamientos, la Séptima División del Ejército Nacional indicó que la finca ‘La Mandinga’ tiene una extensión de 2.000 hectáreas y limita directamente con un cantón militar, lo que explicaría la cercanía de las operaciones ilegales.

Según la institución, alrededor de 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área, provocando un daño ambiental calificado como “severo e irreversible”. No obstante, el Ejército insistió en que la responsabilidad administrativa recaía en la SAE, una afirmación que ahora queda en entredicho tras la aclaración oficial de la entidad.

La contradicción entre ambas versiones abre un nuevo foco de debate sobre la gestión de bienes incautados, el control territorial y la presencia de economías ilegales dentro de zonas estratégicas del Estado, en un caso que sigue generando fuertes repercusiones a nivel nacional e internacional.

Sala Digital Colmundo