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En medio de un creciente remezón político, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes citó a debate de control político al ministro de Educación, Daniel Rojas, y al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, tras las graves denuncias hechas por Angie Rodríguez. La citación, impulsada por el congresista Eduar Triana, busca esclarecer presuntas irregularidades que van desde títulos falsos hasta un supuesto entramado criminal en el Palacio de Nariño.
El debate cobra especial relevancia luego de que Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, afirmara que fue ella quien detectó la falsedad del título académico de Juliana Guerrero cuando aspiraba al cargo de viceministra de Juventud. Además, aseguró que existiría un intento de sabotaje en su contra, señalando que “Carrillo tendría un espía dentro de la entidad” para afectarla.
Denuncias de red criminal sacuden al Gobierno
Las declaraciones de Rodríguez han generado un fuerte impacto político, al advertir la existencia de “un entramado criminal de al menos 20 personas” dentro del Palacio de Nariño, incluyendo funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro. Según su versión, figuras como Juliana Guerrero operarían “en la sombra”, sin un cargo formal, pero con poder dentro del Gobierno.
Asimismo, la exfuncionaria señaló directamente a Carlos Carrillo, asegurando que estaría confabulado con el jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno, lo que incrementa la presión sobre la cúpula gubernamental.
MinEducación deberá responder por títulos falsos
En el debate, el ministro Daniel Rojas tendrá que explicar el avance de la investigación sobre el presunto título falso de Juliana Guerrero, expedido por la Universidad San José, así como otras posibles irregularidades en diplomas emitidos por esa institución.
El Congreso busca establecer si hubo fallas en los mecanismos de verificación académica y si existen más casos similares dentro de la administración pública, lo que podría escalar en un nuevo escándalo de credenciales fraudulentas.
UNGRD bajo la lupa por manejo de millonarios recursos
Por su parte, Carlos Carrillo deberá responder por la ejecución de cerca de un billón de pesos destinados a la prevención de desastres en la región de La Mojana, donde más de 30.000 personas resultan afectadas cada año por inundaciones.
Entre los cuestionamientos está la falta de respaldo a una misión internacional de veeduría, que busca garantizar transparencia en el uso de los recursos. Esta negativa ha generado dudas en el Congreso sobre los controles internos de la entidad.
“Ruta del arroz”, contrato en crisis
Otro de los puntos clave del debate será el contrato conocido como la “ruta del arroz”, por 36.211 millones de pesos, que hoy enfrenta cuestionamientos por presuntos retrasos, favorecimientos y tensiones políticas.
Los congresistas preguntarán “cómo un contrato adjudicado para reactivar la economía de La Mojana terminó bajo sospecha”, especialmente por su vínculo con la Fundación San José, entidad relacionada con la expedición de los títulos cuestionados.
Crece la presión política
El escándalo desatado por las denuncias de Angie Rodríguez ha puesto en evidencia posibles fallas estructurales en el control interno del Gobierno, al tiempo que abre un nuevo frente de confrontación política.
Mientras se esperan las explicaciones de los funcionarios citados, el debate de control político se perfila como un escenario clave para esclarecer las acusaciones y determinar si existe responsabilidad administrativa o penal en los hechos denunciados.
Humberto ‘Toto’ Torres
