Tras denuncia de Petro, trasladan a ‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’ a cárceles de máxima seguridad por alertas en La Picota

En medio de crecientes cuestionamientos al sistema penitenciario, once reclusos fueron trasladados desde la cárcel La Picota de Bogotá tras un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros. La decisión, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, incluyó a figuras de alto perfil criminal como Juan Francisco “Kiko” Gómez y Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’.

Según fuentes del Inpec, el operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que el jefe de Estado advirtiera posibles irregularidades dentro del penal. En total, se efectuaron 11 movimientos entre traslados a otras cárceles y reubicaciones internas, lo que alteró la rutina en el principal complejo carcelario del país.

Traslados a cárceles de máxima seguridad

El exgobernador de La Guajira, “Kiko” Gómez, condenado a 55 años por seis homicidios, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, en Caldas. Por su parte, ‘Marquitos Figueroa’, condenado por el asesinato de la exalcaldesa Yandra Brito, fue trasladado a la prisión de Palogordo, en Girón, Santander, donde tendrá vigilancia reforzada.

Las autoridades actuaron tras las declaraciones del presidente Petro, quien insinuó que ambos estarían coordinando acciones desde prisión. Aunque el mandatario no presentó pruebas públicas, la alerta fue suficiente para que el Inpec decidiera “separarlos y enviarlos a distintas prisiones” como medida preventiva.

Red de traslados incluye a otros señalados por narcotráfico

Entre los trasladados también figura Dainer Paul González Figueroa, sobrino de ‘Marquitos’ y señalado como capo del narcotráfico y del contrabando de gasolina en La Guajira. Asimismo, fueron movidos los hermanos Pablo Felipe (‘Black Jack’) y Santiago (‘Marco’) Prada Moriones, investigados por presunto lavado de activos y vínculos con el Clan del Golfo.

Las autoridades los acusan de blanquear más de 182.000 millones de pesos, enfrentando cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su situación jurídica podría derivar en nuevos traslados, dependiendo de evaluaciones internas del sistema penitenciario.

Hallazgo de licor reaviva preocupación por privilegios

En paralelo al operativo, una inspección sorpresa en el pabellón 32 de La Picota permitió encontrar una botella de whisky dentro de una celda, lo que evidenciaría posibles fallas en los controles internos. El hallazgo se dio en un espacio vinculado a los hermanos Prada Moriones.

Este episodio se suma a recientes escándalos en el sistema carcelario, como la parranda clandestina registrada el 8 de abril en la cárcel de Itagüí, que involucró al cantante vallenato Nelson Velásquez y derivó en la suspensión de varios funcionarios.

Gobierno reconoce “muchas dudas” sobre el Inpec

Durante el consejo de ministros, el presidente Petro expresó “muchas dudas sobre la dirección del Inpec”, actualmente liderado por el coronel Daniel Gutiérrez. Las declaraciones dejaron en evidencia tensiones dentro del Gobierno frente al control de las cárceles.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reaccionó señalando que existían “informaciones sobre situaciones de seguridad que involucraban a personas privadas de la libertad”, lo que motivó los traslados. Además, no descartó cambios en la cúpula del Inpec si el presidente considera necesario un relevo.

Sistema carcelario bajo presión

El operativo en La Picota refleja un endurecimiento de las medidas tras recientes irregularidades en las cárceles del país, así como un intento por evitar que estructuras criminales sigan operando desde prisión. La combinación de traslados, inspecciones y posibles cambios administrativos evidencia una creciente preocupación del Gobierno por recuperar el control del sistema penitenciario.

Mientras tanto, persisten las preguntas sobre la eficacia de las medidas y las denuncias del presidente Petro sobre posibles coordinaciones criminales desde los centros de reclusión, en un contexto que mantiene bajo la lupa al Inpec y su capacidad de vigilancia.

Humberto ‘Toto’ Torres