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¿Las empresas chinas en Nicaragua son cómplices del régimen o simplemente hacen negocios en un país con malas prácticas?
Washington amplió este jueves el cerco financiero contra el círculo más íntimo del poder en Nicaragua. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos hijos de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo: Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46. La medida también alcanzó a otras tres personas, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y a siete empresas mineras que operan en el país centroamericano.
El argumento central de la sanción es el control que el régimen ejerce sobre el sector aurífero nicaragüense, un negocio que, según Washington, ha sido capturado por la familia gobernante y sus socios chinos. “Los sancionados ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, señaló el Tesoro en un comunicado. La OFAC detalló que desde 2020 el Gobierno ha reconfigurado el sector minero “en una compleja red de empresas fachada y testaferros destinada a generar divisas, lavar activos sancionados y consolidar su control político”.
El avance de las empresas chinas en la minería nicaragüense ha sido acelerado. Según datos de la organización ambientalista Fundación del Río, citados por el Tesoro, el régimen ha entregado 71 lotes mineros a 15 empresas asiáticas en los últimos cinco años. Estas compañías controlan actualmente 1.013.225 hectáreas, el equivalente al 8,5 % del territorio nacional. “La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce ahora mayor poder, sino también sus hijos adultos”, agregó la orden de sanción.
El detonante concreto de la medida fue la ocupación forzosa de una empresa estadounidense. El Tesoro relató que en 2025, representantes de empresas vinculadas al régimen irrumpieron en la planta de procesamiento minero de BHMB Mining Nicaragua S. A., una firma con capital estadounidense que había invertido aproximadamente 80 millones de dólares. Los invasores expulsaron al personal de seguridad y tomaron control físico del inmueble. Posteriormente, el Gobierno nicaragüense revocó la licencia de BHMB sin ofrecer compensación alguna. Dos de las empresas sancionadas, Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, fueron identificadas como participantes directas en esa ocupación.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente en su mensaje. “La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas de oro y co-conspiradores”, afirmó, al tiempo que denunció la confiscación de inversiones estadounidenses en Nicaragua. “Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, añadió el funcionario de la administración de Donald Trump.
Las sanciones también apuntan a las funciones que desempeñan los hijos del matrimonio Ortega Murillo dentro del aparato estatal. Maurice Facundo Ortega Murillo se desempeña como delegado presidencial para deportes, desde donde supervisa el Instituto Nicaragüense de Deportes y “promueve la imagen pública de sus padres”. Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, dirige el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, descrito por Washington como “una pieza central en el control del aparato comunicacional del régimen”. Ambos se suman a su hermano Laureano Ortega Murillo, considerado el delfín de la sucesión dinástica y ya sancionado por EE. UU. en noviembre de 2021.
Las sanciones llegan cuando se cumplen casi ocho años del inicio de la rebelión cívica que el régimen aplastó con violencia. La OFAC insistió en que los cambios constitucionales que trasladaron a Rosario Murillo de vicepresidenta a copresidenta “garantizaron la continuidad en el poder”, institucionalizando un Estado totalitario y subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial. Las medidas congelan cualquier activo que los sancionados pudieran tener en jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos.
Juan Joya
