Caso UNGRD: condenan a 16 años a exgerente de Yapurutú por peculado agravado

Este lunes 30 de marzo, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión judicial impuso una pena de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión, luego de que se demostrara su rol en la manipulación de procesos contractuales

De acuerdo con el ente acusador, el hoy condenado aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en varios delitos, entre ellos peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Esta admisión fue avalada por un juez, lo que permitió avanzar en el proceso. Sin embargo, frente a otros cargos como falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía decidió radicar escrito de acusación para que continúe el trámite judicial correspondiente.

Las investigaciones, lideradas por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, evidenciaron que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023. Este contrato, por 29.000 millones de pesos, tenía como propósito el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para lograr la adjudicación, presentó documentación falsa que supuestamente acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, basada en una alianza comercial que en realidad no existía.

El material probatorio también permitió establecer que el condenado participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles en ese momento. Según la Fiscalía, los vehículos se encontraban en proceso de ensamblaje, lo que no correspondía con lo pactado. Además, se identificó un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, del cual se apropió junto con otros implicados de 4.330 millones, mientras que terceros habrían recibido 6.784 millones, consolidando así el esquema de corrupción investigado.

El pasado viernes 27 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la UNGRD por su participación en este escándalo de corrupción. La decisión ratificó una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión, además de una inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos.

Según la investigación, Rodríguez Melo tuvo un papel clave en el direccionamiento de dichos contratos, y las autoridades establecieron que recibió una dádiva de 1.000 millones de pesos, dinero que se comprometió a devolver tras aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Además, se evidenció que presentó varias cotizaciones que sirvieron para estructurar procesos contractuales por más de 46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades en La Guajira.

Dayineth Isabel Molina Velásquez