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¿Por qué desde esa comunidad se actuó bajo criterios propios en un predio que, según la Alcaldía, está regido por la jurisdicción ordinaria del Distrito?
Lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó convirtiéndose en un episodio de alta tensión en el occidente de Bogotá. En la noche del 25 de marzo de 2026, un motociclista que transitaba por inmediaciones de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida se vio involucrado en un choque con integrantes de la comunidad embera katío, que permanece asentada en ese lugar desde hace varios años. Minutos después, la situación dejó de ser un caso de tránsito y se transformó en una retención que se prolongó por varias horas.
De acuerdo con la información conocida, tras el incidente vial, miembros de la comunidad interceptaron al conductor y lo retuvieron en contra de su voluntad. En medio de la tensión, su liberación fue condicionada al pago de una suma de dinero, mientras que su motocicleta quedó en poder de quienes participaron en la retención. Un hecho que encendió las alertas de las autoridades, no solo por la privación de la libertad, sino por la dimensión que tomó en cuestión de minutos.
Mientras el motociclista permanecía retenido, se activaron canales institucionales para evitar una escalada del conflicto. Equipos del Distrito, que ya tienen presencia permanente en la zona, buscaron abrir un espacio de diálogo. “Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, señalaron. A la intervención se sumaron la Policía de Funza, la Alcaldía municipal y la Defensoría del Pueblo.
La negociación se extendió durante varias horas. Finalmente, el motociclista recuperó la libertad, pero el ambiente en la zona quedó lejos de normalizarse. Según el reporte de las autoridades, tras el episodio la comunidad impidió el ingreso de funcionarios distritales a la UPI La Florida, lo que dificultó la continuidad de las labores institucionales en el lugar.
El pronunciamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá fue inmediato. En un comunicado público, rechazó lo ocurrido y anunció acciones legales. “La Alcaldía rechaza públicamente estos actos que pusieron en riesgo no solo al motociclista y a la comunidad asentada, sino también a niños y niñas emberá que allí conviven”, indicó la Consejería para las Víctimas. En la misma línea, el Distrito fue enfático en que “denunciará las acciones ocurridas el día de hoy que vulneran los deberes y derechos establecidos en La Florida”.
Más allá del hecho puntual, la administración distrital insistió en un punto clave: la naturaleza jurídica del lugar. Recordó que la UPI La Florida es un predio público, administrado por el Distrito, y que “lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena”. Esta precisión marca una línea frente a lo sucedido y anticipa el camino legal que seguirán las autoridades tras el caso.
El caso también volvió a poner el foco en las condiciones dentro de este asentamiento. Desde 2021, la UPI La Florida funciona como espacio de alojamiento para población embera, en un contexto atravesado por dificultades sociales, institucionales y de convivencia. Según el Distrito, cerca de la mitad de quienes viven allí son niños y niñas, lo que agrava la preocupación por los riesgos a los que pueden quedar expuestos en medio de situaciones como la registrada.
No es un hecho aislado. Las autoridades han registrado varios episodios de tensión en asentamientos indígenas en la ciudad, incluyendo agresiones a funcionarios y entornos complejos en fechas críticas. En ese sentido, la Alcaldía volvió a hacer un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en los compromisos de retorno de estas comunidades, señalando que los retrasos prolongan escenarios difíciles de manejar en términos de seguridad y convivencia en la capital.
Juan Joya
