Yaser Asprilla no estaría en los planes del Galatasaray: difícil presente para el juvenil, que tampoco fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo
24 marzo, 2026
Duelo nacional en Colombia: decretan tres días de luto por la muerte de 69 uniformados en tragedia aérea en Putumayo
25 marzo, 2026
Este martes 24 de marzo, el presidente Gustavo Petro reaccionó frente a las advertencias sobre el traslado de recursos pensionales y lanzó fuertes cuestionamientos contra los organismos de control. “Le voy a pedir a la contraloría que deje de ser cómplice de un robo”, afirmó. Además, sostuvo que si no se devuelven los ahorros a los cotizantes que decidieron pasarse a Colpensiones, “simplemente están cometiendo un robo”.
El mandatario insistió en que “el dinero del ahorro no es de los bancos”, y también señaló que las inversiones hechas por los fondos privados no justifican la no devolución de los recursos. En ese sentido, el jefe de Estado cuestionó directamente el papel de las entidades de vigilancia y denunció lo que calificó como un “corralito con los ahorros”. Según dijo, existe una fuga de capitales hacia el exterior por parte de los fondos privados. “Estamos ante un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior”, aseguró.
Asimismo, afirmó que esto ocurre para evitar devolver los dineros a los trabajadores. Por consiguiente, criticó a la Superintendencia Financiera y a la Contraloría por no investigar, mantener silencio y hasta ser cómplices de la situación, ya que, según lo expuesto, los recursos pertenecen a los cotizantes y deben ser entregados a quienes decidieron trasladarse.
Las declaraciones del presidente se producen luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre riesgos en un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo. Esta iniciativa busca trasladar recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, y el reciente análisis advierte preocupaciones sobre el manejo de estos dineros. En particular, señala posibles inconsistencias frente a la normativa vigente. El decreto pretende reglamentar el paso de recursos del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM); todo esto en el marco de la reforma pensional aprobada en 2024. Sin embargo, dicha ley está actualmente en revisión por la Corte Constitucional y por ello, la Contraloría pidió prudencia en su implementación ya que habría vacíos jurídicos.
Uno de los puntos más sensibles del informe es el posible uso de los recursos pensionales. Según la Contraloría, existe el riesgo de que estos dineros pasen de ser ahorro de largo plazo a gasto corriente. Es decir, que se utilicen para pagar mesadas actuales. “Los recursos de ahorro pensional pueden convertirse en gasto corriente”, advierte el documento. Esto, según el organismo, afectaría la sostenibilidad del sistema, así como también podría comprometer el respaldo financiero futuro. Por lo tanto, la entidad considera que este escenario debe evitarse y que cualquier decisión debe respetar el objetivo del ahorro pensional.
En ese contexto, el ente señala que con corte a febrero, 119.496 personas se han trasladado del RAIS al RPM. Los recursos asociados alcanzan aproximadamente 24,7 billones de pesos. De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión. Sus ahorros podrían ascender a 5,1 billones de pesos. En contraste, 100.989 personas aún no cumplen los requisitos. Estas generan un recaudo anual cercano a 686.642 millones. Por lo anterior, la Contraloría advierte que la mayoría no ha consolidado su derecho pensional y cuestiona la viabilidad de trasladar todos los recursos, insistiendo en la necesidad de respetar las reglas actuales.
En ese sentido, el organismo recuerda que la ley establece condiciones claras. “La Contraloría General considera que la implementación del proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo es inviable en virtud de la normativa vigente: artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de 2024 Reglamentario de dicho artículo. Actualmente la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida y en revisión por parte de la Corte Constitucional”, sostuvo.
Finalmente, el ente de control subraya que, si la reforma es avalada, los recursos no irían directamente a Colpensiones. Estos deberían dirigirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y, dicho fondo sería administrado por el Banco de la República. La Contraloría insiste en que este diseño busca garantizar sostenibilidad a largo plazo; sin embargo, advierte que usar los recursos para gasto inmediato podría afectar ese objetivo.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
