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¿Puede una multa de 100 millones compensar décadas de evolución hídrica perdidas con la tala de frailejones?
En las montañas del municipio de Saboyá, donde el páramo sostiene el equilibrio del agua que abastece a varias regiones, la intervención de maquinaria pesada dejó una huella visible sobre el ecosistema. Allí, en la vereda Monte de Luz, la destrucción de frailejones y cobertura vegetal para actividades agrícolas terminó por convertirse en un caso emblemático de daño ambiental, que hoy tiene consecuencias económicas y restaurativas tras la decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
La autoridad ambiental confirmó que dos particulares arrasaron con más de 40 fanegadas de terreno y talaron al menos 247 frailejones en el páramo Iguaque Merchán, un ecosistema estratégico para la regulación hídrica. Los hechos ocurrieron el año anterior, cuando fueron sorprendidos en flagrancia realizando labores de arado con maquinaria pesada y eliminando la cobertura vegetal en cerca de 25 hectáreas para el cultivo de papa en una zona protegida desde 1999.
Tras la evaluación técnica de los daños, la Corporación emitió un acto administrativo que fija una sanción superior a los 100 millones de pesos, acompañada de una medida de restauración obligatoria. Esta incluye la siembra inmediata de al menos 550 árboles de especies nativas y la responsabilidad de garantizar su mantenimiento durante tres años. La decisión se sustenta en la nueva metodología de compensaciones ambientales adoptada en 2025, que endurece las sanciones frente a afectaciones en ecosistemas de alta sensibilidad.
El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, fue enfático al explicar el alcance de la sanción: “Destruir el páramo en la jurisdicción de la CAR sale muy caro, no es una advertencia, es una realidad”. Además, señaló que los responsables acabaron con 247 frailejones, lo que representa décadas de evolución hídrica eliminadas por trabajos de maquinaria agrícola y tala ilegal. En su pronunciamiento, insistió en que la intervención compromete directamente el ciclo del agua en la región.
El área intervenida está ubicada dentro de la Reserva Forestal Regional de los Páramos de Telecom y Merchán, lo que incrementa la gravedad del caso. Según la autoridad, los responsables ignoraron que este suelo es reserva forestal desde 1999, en una zona clave para la seguridad hídrica. La destrucción de frailejones —plantas fundamentales en la captación y distribución de agua— implica una afectación que puede extenderse por años en las cuencas cercanas.
Como parte de las medidas impuestas, la restauración deberá seguir criterios técnicos definidos por la Corporación, incluyendo la siembra de especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo, con distancias específicas para garantizar una cobertura vegetal mixta. “Aquí no se paga y se olvida… tienen la obligación legal de mantener estas especies por tres años consecutivos”, advirtió Ballesteros, al subrayar que no se aceptarán acciones simbólicas o de cumplimiento parcial.
La decisión se enmarca en una política más estricta frente al daño ambiental en ecosistemas estratégicos. “Nuestra nueva metodología de compensaciones es clara: quien daña paga y restaura bajo nuestras condiciones… la ley se cumple o se asumen las consecuencias”, concluyó el director de la CAR, al reiterar que la protección del páramo es prioritaria para garantizar el abastecimiento de agua en el territorio.
Juan Joya
