Nuevo modelo tarifario de acueducto entrará a regir en 2027

¿Bajarán realmente las tarifas con este nuevo modelo?

El Gobierno Nacional presentó un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado dirigido a los grandes prestadores, y la medida ha generado posiciones contrapuestas que requieren una explicación clara para la ciudadanía. Según la administración, el cambio afectará a “30 millones de colombianos, es decir, casi el 60 % de la población” y busca que “al usuario solo se le cobre por lo que consume y no otros servicios que se están adjudicando a esa factura”. El Ejecutivo afirma que la norma entrará en vigor de manera gradual y que su aplicación plena comenzará el 1 de enero de 2027 para prestadores urbanos con más de 5.000 suscriptores.

¿Qué cambia en la práctica? Hasta ahora, las facturas de acueducto y alcantarillado podían incluir rubros asociados a inversiones proyectadas o en ejecución por parte de las empresas prestadoras. El nuevo marco establece que los usuarios no deben pagar por inversiones que “todavía no están funcionando”, según la directora de la CRA, Gloria Narváez, quien aseguró que “los usuarios verán una disminución en la tarifa” pues las empresas ya no podrán cobrar por esas obras. En otras palabras, la factura debería reflejar únicamente el consumo y los costos reales de operación, no anticipos por obras futuras.

El Gobierno añade que la medida pretende corregir distorsiones y mejorar la transparencia. La viceministra de Agua, Ruth Quevedo, explicó que el marco busca que la rentabilidad de las empresas sea acorde a sus costos reales de producción y que, paralelamente, el Ministerio de Vivienda trabaja en un “Plan Director de Agua” para orientar inversiones en territorios con mayores brechas. En su versión oficial, la expectativa es que, con el tiempo, “disminuya el costo medio de las tarifas” en las grandes ciudades.

La reacción del sector privado fue inmediata y crítica. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) calificó el marco como “una falsa promesa de reducción de tarifas” y advirtió que la norma impactaría a 188 grandes prestadores que atienden a más de 34 millones de habitantes. El gremio argumenta que las nuevas obligaciones implican costos adicionales que podrían terminar presionando al alza las tarifas. Además, señaló la “alarmante ausencia de un período de transición adecuado” y pidió revisar el proceso para garantizar “transparencia, viabilidad técnica y sostenibilidad del servicio”.

En cuanto a plazos y control, la Superintendencia de Servicios Públicos fue señalada como la entidad encargada de verificar el cumplimiento. Fuentes oficiales indicaron que “en los próximos tres meses los prestadores deberán mostrar la estructura de costos con la que construirán las facturas”, y que la entidad definirá los mecanismos para garantizar el cumplimiento del nuevo esquema. Andesco, por su parte, recordó que procesos regulatorios previos tomaron entre seis y once meses, y advirtió que la falta de tiempos adecuados podría generar condiciones inviables para los prestadores.

¿Qué deben entender los usuarios? Primero, que el cambio pretende limitar cobros por inversiones no ejecutadas y aumentar la transparencia en la factura. Segundo, que la reducción tarifaria es una proyección y dependerá de la implementación en cada territorio. Tercero, que existe un conflicto técnico entre el Gobierno y el gremio sobre los costos y alcances de la medida: mientras la administración habla de ahorro y equidad, el sector advierte posibles incrementos por nuevas obligaciones.

Finalmente, la supervisión de la Superintendencia y la definición de las estructuras de costos en los próximos meses serán clave para determinar si las tarifas realmente bajan, se mantienen o aumentan en la práctica.

Juan Joya