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¿Por qué Petro vinculó esos cuerpos con supuestos bombardeos sin respaldo forense?
La controversia comenzó con una cifra: 27 cuerpos calcinados en zona de frontera. La mención, hecha por el presidente Gustavo Petro este 17 de marzo, en medio de referencias a posibles bombardeos cerca del límite entre Colombia y Ecuador, instaló una alerta inmediata sobre un hecho de alta gravedad. Sin embargo, al contrastar esa afirmación con los registros oficiales, la cifra empieza a diluirse hasta desaparecer con la información oficial.
En los sistemas de información del Instituto Nacional de Medicina Legal, que consolidan a diario los datos de muertes violentas en el país, no hay rastro de un evento reciente con 27 víctimas calcinadas en Nariño o Putumayo. Así lo explicó para Caracol Radio su director, Ariel Cortés, al detallar que el monitoreo permanente no ha identificado un hecho de esas características en lo corrido de 2026. En un país donde cada muerte violenta activa protocolos forenses, una cifra de ese tamaño difícilmente pasaría inadvertida.
Lo que sí aparece en los registros está fechado semanas atrás. Entre el 22 y el 24 de enero, en zona rural de Nariño, específicamente en inmediaciones de Llorente, se reportó un incendio en un laboratorio ilegal. El saldo: 14 personas muertas. Doce de los cuerpos fueron recuperados en esa localidad y otros dos en la zona de Pital. Todos llegaron a Medicina Legal en condiciones de alta calcinación, lo que marcó los límites de lo que podía reconstruirse a partir de los restos.
El dato no solo reduce la cifra a la mitad, también cambia el origen del hecho. Los análisis forenses concluyeron que las muertes fueron consecuencia de un incendio, no de un ataque aéreo ni de explosivos externos. En términos técnicos, no se encontraron evidencias de esquirlas, metralla o impactos compatibles con bombardeos. Esa diferencia no es menor: redefine completamente la naturaleza del evento, pasando de una posible acción armada transfronteriza a un accidente o explosión interna en un entorno asociado a economías ilegales.
El estado de los cuerpos añade otra capa de incertidumbre. La calcinación impidió establecer identidades, afiliaciones o incluso detalles básicos como la vestimenta. En contextos como el del suroccidente del país, donde confluyen estructuras armadas ilegales, esa información suele ser clave para entender quiénes son las víctimas y qué dinámicas están detrás de los hechos. En este caso, esa línea de análisis quedó cerrada por las condiciones en las que fueron hallados los restos.
La secuencia temporal también resulta determinante. Mientras la afirmación presidencial ubica los hechos en un contexto reciente, vinculado a tensiones en la frontera, el único episodio documentado ocurrió en enero y bajo circunstancias distintas. Esa diferencia de fechas introduce una ruptura entre el momento en que se produce el hecho y el momento en que se instala en la discusión pública.
Sumado a esto, el episodio se cruza con algo más amplio: el comportamiento de la violencia homicida en el país. Según datos de Medicina Legal, Colombia cerró 2025 con cerca de 14.500 homicidios, una cifra superior a la de años recientes, aunque aún por debajo de los niveles de décadas anteriores. En ese escenario, cada dato, cada cifra y cada versión adquieren un peso particular en la lectura de la seguridad y el orden público.
La revisión en este caso no solo gira en torno a cuántos cuerpos hubo o dónde aparecieron. También marca la distancia que puede abrirse entre las declaraciones públicas y los registros técnicos en escenarios de alta sensibilidad. Entre la cifra de 27 y el registro de 14, lo que emerge es una reconstrucción fragmentada de los hechos, donde el cuándo, el dónde y el cómo terminan siendo determinantes para entender qué fue lo que realmente ocurrió en esa zona del país.
Juan Joya
