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El ente de control presentó el informe: “Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030”
La Contraloría General de la República encendió una alerta sobre posibles riesgos de desabastecimiento energético en el país y un eventual aumento en los precios, a partir de un análisis que examina el comportamiento del sector entre 2020 y 2030. El diagnóstico advierte que, aunque el sistema sigue operando, enfrenta presiones crecientes que podrían afectar el suministro en los próximos años si no se toman medidas oportunas.
Uno de los puntos críticos está en el gas natural. Según el informe, no todo lo que se produce llega al mercado: en 2024, solo el 67 % del gas extraído estuvo disponible para la venta, debido a factores técnicos como consumos propios, reinyecciones y volúmenes que no cumplen especificaciones. Este desfase obligó por primera vez al país a importar gas natural licuado para cubrir la demanda interna, un cambio relevante en el modelo de abastecimiento.
A esto se suma la reducción de las reservas probadas. El documento sitúa el horizonte de autosuficiencia en 5,9 años para el gas y 7,2 años para el petróleo, en un contexto marcado por el agotamiento natural de los campos y la baja incorporación de nuevos recursos. En términos prácticos, la capacidad de sostener el suministro con producción propia se está reduciendo en el mediano plazo.
La advertencia también apunta a la infraestructura. La falta de nuevos proyectos de regasificación, especialmente en el Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte elevan el riesgo de desabastecimiento desde 2026. Las regiones del interior aparecen entre las más vulnerables, lo que ha llevado a considerar alternativas como la importación por Buenaventura y otras opciones en La Guajira y Coveñas.
“Se ha advertido sobre la disminución de la oferta nacional de energéticos y los retrasos en proyectos clave”, recordó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al reiterar el llamado al Gobierno para adoptar decisiones que eviten escenarios de racionamiento. El informe señala que estas alertas ya habían sido comunicadas desde octubre de 2025 al sector de Minas y Energía.
El análisis incorpora además el contexto internacional. Las tensiones derivadas de conflictos como el de Rusia y Ucrania y la situación en Medio Oriente han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos, así como la competencia global por hidrocarburos, lo que presiona los precios y complica el acceso a recursos en caso de depender de importaciones.
En el frente eléctrico, el panorama muestra avances en cobertura, pero también brechas importantes. Más de 1,3 millones de viviendas aún no tienen acceso a energía, y cerrar esa brecha requeriría inversiones superiores a 32 billones de pesos. A esto se suman problemas de calidad del servicio, especialmente en zonas rurales y municipios con limitaciones operativas, donde se registran interrupciones frecuentes.
“Persisten desigualdades territoriales en la prestación del servicio y dificultades en la ejecución de recursos”, advierte el documento, que también señala la fragmentación en la gestión de fondos como un factor que reduce la eficiencia del sistema. En ese contexto, se plantea fortalecer mecanismos como el Fondo Único de Soluciones Energéticas para mejorar la asignación y uso de recursos.
En cuanto a la transición energética, el informe proyecta que las energías renovables no convencionales podrían representar cerca de una tercera parte de la generación eléctrica hacia 2030. Sin embargo, este escenario depende de que entren en operación proyectos clave, incluidos desarrollos asociados a Hidroituango, así como de la incorporación de soluciones de almacenamiento como baterías para darle mayor estabilidad al sistema.
Juan Joya
