Más de 700 quejas por llamadas comerciales sin autorización: usuarios buscan frenar el “acoso telefónico” en Colombia

En Colombia crece el malestar de los ciudadanos frente a las reiteradas llamadas comerciales que reciben en sus celulares sin haber dado autorización previa. Solo en los últimos meses, la situación ha generado más de 700 quejas ante las autoridades, lo que ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la protección de los datos personales y el control de las estrategias de mercadeo telefónico.

La problemática involucra a empresas de diferentes sectores, entre ellas operadores de telecomunicaciones y entidades financieras, que utilizan llamadas, mensajes de texto o incluso aplicaciones de mensajería para ofrecer productos y servicios. La recepción constante de llamadas publicitarias se ha convertido en una de las principales inconformidades de los consumidores. Muchas de estas comunicaciones se realizan sin que el usuario haya otorgado consentimiento para el uso de sus datos personales, lo que podría constituir una vulneración a la normativa de protección de datos en el país.

En Colombia, la legislación establece que ninguna empresa puede contactar a un ciudadano con fines comerciales sin contar con una autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de su información personal. De lo contrario, las compañías pueden enfrentar sanciones económicas y procesos administrativos.

Además, el uso de sistemas automatizados o “marcadores predictivos” para realizar llamadas masivas también debe cumplir con estas normas, ya que el número telefónico es considerado un dato personal protegido por la ley. El creciente número de quejas ha llevado a las autoridades a tomar medidas. Uno de los casos más recientes fue la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la empresa Movistar, que deberá pagar una multa de 670 millones de pesos por contactar a usuarios de otra compañía con ofertas comerciales sin contar con su autorización.

Según la investigación de la entidad, la empresa realizó llamadas, envió mensajes de texto y comunicaciones por aplicaciones de mensajería con fines promocionales, lo que fue considerado un tratamiento indebido de datos personales.

Por su parte, operadores como Claro han señalado que la normativa exige que antes de cualquier llamada exista autorización del usuario y que, incluso cuando esta se tenga, las empresas deben respetar horarios y límites de contacto establecidos por la ley.

Cabe recordar que, para enfrentar esta problemática, en Colombia entró en vigencia la Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como la ley “Dejen de fregar”, que busca proteger a los consumidores frente a comunicaciones comerciales no deseadas.

Entre las medidas que establece la normativa se encuentran:

• La obligación de contar con autorización previa del usuario.

• Restricciones en los horarios de contacto: de lunes a viernes entre 7:00 a. m. y 7:00 p. m., y los sábados entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m.

• La prohibición de realizar contactos comerciales los domingos y festivos.

Además, la ley limita la frecuencia con la que una empresa puede contactar a un usuario y establece controles para evitar el uso excesivo de múltiples canales de comunicación.

Los ciudadanos también cuentan con herramientas para protegerse. Una de ellas es el Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Este registro permite que los usuarios inscriban su número telefónico para bloquear llamadas, mensajes o contactos con fines publicitarios o comerciales, obligando a las empresas a consultar la base de datos antes de realizar campañas de marketing. La medida busca reducir el llamado “spam telefónico”, que en los últimos años se ha convertido en una práctica común en estrategias de venta directa.

Aunque las herramientas legales ya existen, el alto número de quejas evidencia que el problema persiste. Expertos en protección de datos advierten que la clave está en fortalecer los controles y las sanciones, así como en promover que los ciudadanos hagan uso de los mecanismos disponibles para proteger su información personal.

Mientras tanto, para muchos usuarios, la esperanza es que las nuevas regulaciones y la vigilancia de las autoridades logren poner fin a esta práctica, que para miles de colombianos se ha convertido en una verdadera molestia cotidiana.

Paola Martínez Burgos.