Cierre total en la vía Bogotá–Choachí por caída de rocas en el sector de La Virgen
12 marzo, 2026
Corte Suprema ordena cárcel para Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de corrupción en la UNGRD
12 marzo, 2026
Un nuevo enfrentamiento institucional se desató entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación, luego de que el Ministerio Público solicitara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el contrato firmado entre el Gobierno colombiano y el gobierno de Portugal para la elaboración de los pasaportes.
El mandatario reaccionó con fuertes críticas y aseguró que la solicitud del organismo disciplinario estaría motivada por intereses políticos ligados a la contienda presidencial, por lo que advirtió que la Procuraduría no debería intervenir en el proceso electoral.
A través de su cuenta en X, Petro afirmó que la solicitud de tumbar el contrato estaría relacionada con un supuesto acuerdo entre la empresa Thomas Greg & Sons y un candidato presidencial, lo que, según dijo, explicaría la presión para revertir la decisión del Gobierno.
El jefe de Estado también señaló que existe un intento de censurarlo con el propósito de que la compañía vuelva a encargarse de la producción de pasaportes colombianos, un contrato que históricamente ha estado en manos de esa empresa. En ese sentido, aseguró que su administración no permitirá que la elaboración de estos documentos regrese a dicha compañía.
Debate por advertencias sobre fraude electoral
El mandatario también respondió a otra solicitud presentada por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que el organismo pidió evitar que el presidente haga afirmaciones sobre un posible fraude electoral sin presentar pruebas.
Frente a este punto, Petro cuestionó si se pretende limitar o censurar sus declaraciones, insistiendo en que sus advertencias se basan en preocupaciones relacionadas con el sistema de conteo electoral.
El presidente argumentó que existe un posible desacato por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil a una sentencia del Consejo de Estado de 2018, la cual establecía la necesidad de que el Estado contara con un software propio para los procesos electorales.
Según Petro, actualmente el preconteo y el escrutinio se encuentran tercerizados en sistemas privados, lo que, en su opinión, impide auditar completamente el software utilizado para los procesos electorales.
El mandatario sostuvo que la imposibilidad de auditar el sistema podría generar falta de transparencia en los procesos electorales, al considerar que los algoritmos utilizados no son plenamente accesibles para su verificación.
Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado a los movimientos políticos que tengan denuncias sobre presuntas irregularidades electorales para que presenten sus pruebas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de sustentar las alertas sobre posibles fraudes en mesas de votación.
La controversia se suma a la tensión institucional que ha marcado el debate sobre el contrato de pasaportes y el rol de empresas privadas en los procesos electorales, un tema que continúa generando confrontación entre el Gobierno nacional y los organismos de control.
Humberto ‘Toto’ Torres
