Defensoría alerta por graves violaciones al DIH tras enfrentamientos en la Sierra Nevada: pide corredor humanitario urgente

Tras fuertes enfrentamiento entre las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo (autodenominado EGC) en Aracataca, Magdalena; en la noche de domingo 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo solicitó de manera urgente que se abra un corredor humanitario para que sean atendidos los heridos que han dejado estos hechos violentos.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la entidad hizo un llamado a ambos grupos armados para que los ciudadanos no queden en medio de las acciones violentas que vienen realizando desde hace casi tres semanas en esta región del país, específicamente, de los combates de las últimas horas ocurrieron en inmediaciones del sitio conocido como Cerro Azul. “La Defensoría del Pueblo hace un enérgico llamado al Clan del Golfo (autodenominado EGC) y al autodenominado grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a dejar a la población civil por fuera de los enfrentamientos armados que han venido teniendo, de manera intermitente, desde el pasado 17 de febrero en zona rural de Aracataca, Magdalena”, añadió.

Asimismo, la organización recordó que esta situación viola el derecho internacional humanitario (DIH), el cual establece que se debe implementar una serie de medidas en la que se pueda “evitar o reducir al mínimo daños a civiles y bienes protegidos”. En ese sentido, mencionó que el pasado mes de febrero ambas organizaciones armadas firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil. No obstante, un hombre de la comunicad indígena falleció y otras seis personas resultaron heridas tras el ataque con una granada.

“Como resultado de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente”, explicaron.

Además de lo anterior, dos mujeres se encuentran desaparecidas, así como también fueron quemadas varias viviendas con sus corrales y animales que eran propiedades de dicha comunidad. Por todo esto, “las actividades educativas están suspendidas y hay restricciones a la movilidad, material bélico en la zona y riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado como consecuencia de las confrontaciones”. Por lo tanto, el ente defensor reitera y subraya la importancia de que los dos grupos armados finalicen definitivamente las confrontaciones y permitan la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal con el fin de que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan.

“Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios de los espacios sociojurídicos que el Gobierno mantiene con estos grupos. El autodenominado EGC no ha dado respuesta. Estos riesgos que se materializaron habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero. Reiteramos la solicitud urgente a las autoridades competentes para atender la situación de riesgo y violación de derechos humanos y al DIH que padecen las comunidades rurales de Aracataca. La Defensoría del Pueblo reconoce el liderazgo y acción permanente de la Gobernación del Magdalena sobre esta situación”, sostuvo la entidad.

La Defensoría instó además a las autoridades territoriales a poner en marcha medidas de preparación, activar los planes de contingencia y fortalecer la articulación con la Unidad para las Víctimas, con el propósito de brindar atención humanitaria oportuna a las familias en caso de presentarse desplazamientos masivos o situaciones de confinamiento. Para concluir, la entidad señaló que seguirá adelantando labores humanitarias de monitoreo, acompañamiento y seguimiento a esta situación, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de la población civil impactada por el conflicto armado.

Dayineth Isabel Molina Velásquez